¿por qué debemos pagar, tú y yo, todos, 1.700 millones a una empresa privada fallida?

Florentino Pérez, presidente de ACS....El Consejo de Ministros aprueba, vía real decreto (que siempre lava más rápido), la indemnización de 1.350 millones de euros a la compañía ACS por la renuncia del proyecto Castor. Vaya, que Florentino Pérez habrá tenido un fin de semana de perlas. Lo más bonito de la noticia es que quienes pagarán dicha indemnización seremos los consumidores, cuyo montante iremos asumiendo durante 30 años. Es decir, a ver si lo entiendo. Algún listo (época ministro Montilla) cierra un acuerdo con ACS para un proyecto gasístico que, si la empresa lo hace mal, es un fiasco y llena la zona de terremotos, y en lugar de asumir el desastre, el Estado le pagará una indemnización por daños. Es decir, cero riesgo y todo beneficio, se haga bien, mal o mediopensionista. Ahora entiendo lo bien que le va todo a Florentino. Es de tal gravedad el escándalo que tengo la impresión de que ya no vamos ni a escandalizarnos...

Todavía no ha dejado de provocar réplicas la onda sísmica causada por el real decretado aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministro merced al cual la empresa concesionaria de la plataforma marina para el almacenamiento subterráneo de gas Castor, situada frente a las costas de Tarragona y Castellón, percibirá 1.350 millones, que acabarán repercutidos en el recibo del gas de todos los usuarios. Instituciones y colectivos dieron a conocer ayer que se estudia en diferentes instancias iniciativas para la impugnación del citado decreto. La Generalitat catalana, el Síndic de Greuges y hasta la formación política valenciana Compromís lanzaron ayer mensajes bastante parecidos en esa dirección.

La decisión de paralizar finalmente la plataforma y, en general, todo el proyecto Castor, que también incluía un punto de distribución gasística, se produce después de una suspensión de actividad motivada por los continuos movimientos sísmicos que se registraron en tierra, y de forma muy especial en lo que a Catalunya se refiere en el pueblo de Alcanar y sus alrededores.

La paralización definitiva y la entrada de las instalaciones en "hibernación", como se ha calificado técnicamente, ha provocado la extinción automática de la concesión -negociada en tiempos del gabinete Zapatero- y el pago de una compensación astronómica, que en última instancia saldrá del bolsillo de los consumidores...

Justo un año después de registrarse cerca de 600 seísmos en la costa del delta del Ebro y Castellón, que sembraron el pánico entre la población, el Gobierno español anunció ayer que liquida de forma definitiva el proyecto para albergar bajo estas aguas el almacén de gas Castor...

Los informes técnicos encargados por el Ministerio de Industria han relacionado directamente los terremotos con la inyección de gas en el subsuelo marino y han acabado por ser fulminantes. El Gobierno desveló también ayer el segundo gran interrogante abierto tras la crisis sísmica. El Estado indemnizará con 1.350,7 millones de euros, "por el valor de la inversión", a Escal UGS, empresa ya expropietaria del reservorio de gas. A pesar de que otra compañía, Enagás, será la encargada de pagar ahora la indemnización, esta empresa recuperará el gasto realizado del sistema gasista español de "forma escalonada en 30 años". A fin de cuentas, será el consumidor quien acabará pagando por el fiasco del proyecto Castor...

No entienden los vecinos que la misma empresa que originó con su actuación los seísmos recupere una inversión que ha sido denunciada ante la Fiscalía como negligente. "Hemos tenido que pasarnos siete años lu- chando y gastar 1.400 millones para que se nos haga caso, es una vergüenza", dijo Evelio Monfort, portavoz de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia.

Los dos informes técnicos encargados por el Ministerio de Industria al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), ocultados por el Gobierno durante varios meses, demostraron que la inyección de gas tuvo una "relación directa" con los terremotos al despertar una falla que ni siquiera había sido cartografiada por los técnicos de la empresa encargada de ejecutar el almacén de gas, filial de ACS. La falla, bautizada como Castor, estaba situada junto a otra falla, la de Amposta, a la que se atribuyó inicialmente el origen de los seísmos.

La claridad y contundencia de los informes técnicos hizo pensar que el Gobierno central intentaría ahorrarse como mínimo una parte de la indemnización, aprobada en una controvertida cláusula por el Ministerio de Industria en el 2008, cuando el Ejecutivo estaba en manos del PSOE. A pesar de que el Tribunal Supremo desestimó en octubre del 2013 el recurso del Gobierno para liquidar la cláusula, el Alto Tribunal concluyó que se podía "anular" en función de las "causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión".

El propio Tribunal Supremo señaló hace un año el "dolo o negligencia" de la empresa concesionaria como causas para alegar contra el pago de la indemnización. Los informes técnicos advirtiendo que la inyección de gas había fracturado una falla sin cartografiar por los expertos de Escal UGS parecían allanar el camino para abrir como mínimo una batalla judicial entre el Ministerio de Industria y la empresa en torno a la cuantía de la indemnización, algo que finalmente no ha sucedido. "La planta no está operativa, pero acabará costando a la sociedad 3.000 millones de euros", sostiene Monfort. Escal UGS no quiso hacer ayer declaraciones.

Judicialmente el caso Castor no está cerrado. La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, con el apoyo de entidades y vecinos de las Terres de l'Ebre y Castellón, presentó un año atrás una denuncia por presunta negligencia de la empresa propietaria e irregularidades en el proceso administrativo ante la fiscalía de Castellón. La denuncia, aunque admitida a trámite, apenas ha avanzado en este tiempo.

En una estrategia que ha sido interpretada por la mayoría como meramente dilatoria, el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado durante el último año, con el almacén de gas paralizado, que hasta disponer de todos los informes no se tomaría ninguna decisión. El último informe al que aludió el ministro Soria fue el encargado a "expertos internacionales" de dos universidades estadounidenses, incluido el MIT; de estos últimos estudios técnicos no ha trascendido nada públicamente.

Durante todo este tiempo se han producido reuniones al más alto nivel entre el Ministerio de Industria y la empresa propietaria del Castor para intentar alcanzar un acuerdo y hallar una fórmula que permitiese devolver a los inversores los 1.400 millones de euros enterrados en el proyecto, con la participación además del Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el próximo 30 de noviembre como fecha límite. El acuerdo ha sido posible gracias a la implicación de varias de las principales entidades financieras del país, que han acordado con Enagás el adelanto del pago de la indemnización a Escal UGS.

Coincidiendo con el primer aniversario de la crisis, los opositores al proyecto presentaron ante el Síndic de Greuges más de 500 quejas exigiendo que se depuren responsabilidades. La mirada se dirige también hacia las administraciones que a partir de 2007 dieron luz verde a las distintas fases del proyecto Castor sin evaluar el riesgo sísmico en la zona. El Observatori de l'Ebre alertó en un informe del 2009 que debía analizarse sobre el terreno si la inyección de gas podía inducir actividad sísmica en la zona.

Los vecinos aseguran que tardarán años en olvidar aquellas largas noches, en blanco, esperando si se repetían o no los temblores. La mayoría de los terremotos perceptibles para la población se registraron durante la madrugada, lo que alarmó todavía más si cabe a los afectados. El mayor seísmo alcanzó una magnitud de 4,2 grados en la escala de Richter. No hubo constancia de que se produjeran daños materiales ni personales.

5/4-X-14, P. Rahola/E. Figueredo/E. Giralt, lavanguardia

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