"Las leyes y la política", Lluís Foix
Que la Fiscalía General del Estado se encuentre en el trance de dilucidar en el conflicto entre Artur Mas y Mariano Rajoy indica hasta qué punto una cuestión política no puede afrontarse por los políticos, sino que se deriva la responsabilidad a los jueces, que son los intérpretes de las leyes, que, a su vez, han sido aprobadas por los legisladores.
Sin ley no hay orden ni libertad. Cuando se quiebra una ley se empieza un proceso de deterioro de la convivencia y de la política que conduce a situaciones inciertas. Es tan perjudicial desacatar una ley como utilizarla de manera desproporcionada para atacar o destruir a un adversario. La ley tiene que tener un principio de generalidad en el sentido de que no hay leyes contra personas concretas o colectivos determinados.
La ley de partidos políticos, en la que tanto empeño puso Aznar mientras gobernaba, era para dejar fuera de combate a Herri Batasuna. Lo consiguió en un primer intento, pero al cabo de unos años aquellas siglas que representaban el brazo político de ETA cambiaron de nombre y hoy gobiernan en algunas instituciones vascas. Se acabó con el terrorismo etarra, pero aquellas ideas no fueron suprimidas por ley, sino que son vigentes y sometidas al debate público en Euskadi.
La ley tiene que ser objetiva y no manipulable. Toda ley demasiado transgredida es mala y corresponde al legislador abrogarla o cambiarla, a fin de que el desprecio en que ha caído esta ordenanza manipulada no se extienda a leyes más justas.
El conflicto entre el Gobierno de España y el Govern de Catalunya, que no equivale necesariamente a un conflicto entre españoles y catalanes, debe encauzarse a través de la política, de largas conversaciones, de cesiones y exigencias, de buscar un punto de acuerdo antes de que sea demasiado tarde.
Es fácil observar el renovado activismo del poder judicial en nuestro país. Cuando hay miles de casos de corrupción política pendientes de juicios interminables es un indicio de que algo sustancial está fallando en el sistema. Puede que sea por falta de recursos. Pero también es por la facilidad con la que el poder político y la sociedad civil saben interferir en la administración de la justicia.
Una sociedad en la que el derecho y los tribunales son instrumentalizados es una sociedad enferma que no prospera y que tiene serios problemas con la libertad. El cumplimiento de la ley, repito, es inevitable para vivir en una sociedad mínimamente justa. Burlar una ley por parte del Estado tiene consecuencias nefastas. Pero refugiarse en la ley para que sustituya la acción política es igualmente lamentable.
Que nadie se extrañe de que surjan grupos que invoquen las "leyes no escritas de los dioses" para terminar precisamente, como Antígona, con los abusos de leyes incumplidas o leyes utilizadas políticamente.
20-XI-14, Lluís Foix, lavanguardia