Proyecto Castor: el sistema judicial no puede con el régimen de saqueo

Al fin la Fiscalía de Castellón ha decidido depurar responsabilidades por la autorización y ejecución del reservorio de gas Castor, frente a la costa del delta del Ebro y Vinaròs. Ha tenido que pasar más de un año desde que 500 pequeños terremotos -15 percibidos por la población- alarmaron e indignaron a vecinos y autoridades locales. Entonces la misma Fiscalía abrió una investigación de oficio e incluso un helicóptero de la Guardia Civil aterrizó sobre la plataforma Castor para comprobar que la empresa promotora, Escal UGS, había dejado de inyectar gas en el subsuelo, por orden del Ministerio de Industria.

Ahora, con los 1.350 millones de euros de la indemnización ingresados ya en las cuentas de la promotora del Castor, tras la aprobación de un real decreto ley exprés, el Ministerio Público ha denunciado tanto a la empresa como a los ministerios de Medio Ambiente e Industria y al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) por dar luz verde al proyecto en el 2008. La Fiscalía ha encontrado indicios de delito de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente en la concesión de las licencias necesarias para poner en marcha el depósito de gas, finalmente fallido.

La Fiscalía de Castellón también denunciará a la mercantil Escal UGS, participada de forma mayoritaria por ACS, por los mismos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente. La compañía lideró el proyecto hasta poner en marcha la planta con la inyección de gas en el subsuelo marino.

Ni la empresa ni el Ministerio de Industria y el de Medio Ambiente, que autorizaron convertir un antiguo pozo petrolífero en depósito de gas, detectaron la falla, ahora bautizada como Castor, que originó los terremotos al inyectarse el gas a presión. Todos los informes técnicos encargados por el Gobierno han concluido que la actividad del almacén de gas provocó los seísmos.

La Fiscalía de Castellón ha tenido que esperar a la autorización de la Fiscalía General del Estado para actuar en un asunto que es de su competencia territorial, pues tanto la planta terrestre de gas como el depósito marino se encuentran en el término municipal de Vinaròs (Castellón), justo enfrente de la costa de Alcanar (Montsià). El Síndic de Greuges de Catalunya denunció en su informe sobre el Castor que los promotores del proyecto modificaron los límites territoriales para no tener que dar cuentas a las administraciones catalanas.

La Generalitat acordó ayer presentar el anunciado recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley del Gobierno para hacer efectivo el pago de la indemnización por el Castor. En paralelo, el Ejecutivo catalán también ha denunciado el caso ante la Comisión Europea por considerar que esta indemnización es en realidad una ayuda de Estado encubierta; en términos parecidos ha actuado el Síndic de Greuges de Catalunya ante la Defensora del Pueblo Europeo, que también ha tomado cartas en el asunto.

El almacén de gas se encuentra ya en fase de hibernación, en un proceso que mantendrá inactivas las instalaciones de forma indefinida. El Gobierno español no descarta desmantelar toda la infraestructura si hay suficientes garantías de seguridad.