el TC admite 3 recursos contra el saqueo del Castor

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido los tres recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat, el Parlament y el PSOE contra el real decreto ley aprobado por el Gobierno del PP el pasado octubre autorizando la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa impulsora del Castor. El TC da un plazo de 15 días a Congreso, Senado y Gobierno para que presenten sus alegaciones y se personen en la causa. El Constitucional quiso dejar bien claro ayer que la admisión a trámite de los tres recursos "no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los citados asuntos, que el Tribunal resolverá en próximas fechas".

El coste total para las arcas públicas del fiasco del Castor, si se incluyen los gastos de mantenimiento del almacén y su plataforma marina y la financiación de la indemnización, superará los 4.700 millones de euros, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El pago de la polémica indemnización a favor de Escal UGS, propietario del almacén de gas submarino hasta que el Gobierno ordenó su cierre definitivo el pasado otoño, se acabará repercutiendo en la factura de los consumidores de gas durante los próximos 30 años, sean particulares o empresas.

Precisamente, el recurso presentado por el PSOE ante el TC sostiene que el real decreto ley vulnera, entre otros preceptos, los derechos de los consumidores y usuarios. El tarraconense Francesc Vallès, diputado del PSOE, expresó ayer su satisfacción tras conocer la decisión del TC. "Es un paso más para anular una indecencia", destacó.

La Generalitat recurrió contra la indemnización, aprobada por el Consejo de Ministros en octubre y abonada sólo un mes más tarde a la empresa, basándose en la falta de proporcionalidad, además de denunciar que no estaba justificada la "extraordinaria urgencia" con la que se aprobó el controvertido real decreto ley. El Parlament presentó un tercer recurso de inconstitucionalidad con los votos favorables de todos los partidos con la única excepción de los diputados del PP.

La presión contra el Castor no ha cesado desde que casi un año y medio atrás la inyección de gas en el subsuelo provocó más de 500 terremotos frente a la costa del Ebro y Castellón. El Ayuntamiento de Alcanar (Montsià) acaba de anunciar que denunciará ante la Defensora del Pueblo español, Soledad Becerril, que el Gobierno aprobó el Castor "sin los informes jurídicos previos a resolver la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)", tal y como es preceptivo.

El almacén de gas se encuentra actualmente en fase de "hibernación", como estableció el Gobierno en el mismo real decreto ley que dio luz verde el pasado octubre al pago de la millonaria indemnización. El Consejo de Ministros acordó también entonces la extinción de la concesión de explotación del reservorio de gas a Escal UGS, participada de forma mayoritaria por la constructora ACS, y canceló de forma indefinida cualquier extracción o inyección de gas. El Gobierno central no descarta que se pueda acabar por desmantelar la plataforma instalada sobre el fondo marino, frente a la costa del delta del Ebro, siempre que existan suficientes garantías de seguridad.

6-II-15, E. Giralt, lavanguardia