irresponsabilidad política incluso con los residuos nucleares
Cambio de rumbo en el proyecto de construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas (en Cuenca), que deberá acoger los residuos radiactivos más peligrosos de las nucleares. El Ministerio de Industria ha decidido paralizar la tramitación del almacén temporal centralizado (ATC), y dejar que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se pronuncie antes de que las obras vuelvan a cobrar impulso. El temor a que el proyecto pudiera entrar en un callejón sin salida, a consecuencia de la atolondrada gestión efectuada por el presidente de la empresa pública encargada, Francisco Gil-Ortega, ha obligado al Gobierno a dar un volantazo. Se forzó la dimisión de Gil-Ortega, y ahora, con el nombramiento al frente de la empresa Enresa de Juan José Zaballa, hasta ahora director general de Paradores de Turismo de España, se quiere emprender una senda más segura y relajada para confinar los desechos nucleares.
Lo sucedido no puede entenderse sin el protagonismo discreto en esta crisis de las dos mujeres más poderosas del PP, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Al final, ha sido esta última la que impuesto su visión, condicionada por la necesidad de prevenir que la obra pudiera quedar embarrancada.
El ya ex director de Enresa, Francisco Gil-Ortega -hombre de confianza de María Dolores de Cospedal, ex alcalde de Ciudad Real-, había imprimido un ritmo vertiginoso a la tramitación del proyecto. Y en este enfoque habría influido la necesidad de complacer a la secretaria general del PP, necesitada de presentar a la ciudadanía la evidencia de unas obras ya en marcha ante las inminentes elecciones locales. El resultado electoral en Cuenca puede inclinar la balanza en la ajustada rivalidad entre PP y PSOE en Castilla-La Mancha.
Gil-Ortega sacó a concurso la adjudicación de diversas obras complementarias por un monto mínimo de 270 millones de euros y su idea era concederlas de manera inminente saltándose incluso las autorizaciones previas del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y sin esperar a la declaración de impacto ambiental (de Medio Ambiente). Su deseo era adjudicarla el contrato principal a un consorcio liderado por Dragados (filial de ACS, la compa-ñía de Florentino Pérez), según informó la prensa económica.
Las prisas de Gil-Ortega fueron seguidas con estupefacción desde el CSN, responsable de fiscalizar la seguridad nuclear. Un informe encargado por este organismo puso en duda la idoneidad del emplazamiento escogido para acoger el ATC (un terreno inestable arcilloso), y pidió informes complementarios a Enresa para dar más garantías. Esos informes fueron entregados al CSN y estaban siendo evaluados, cuando se supo que Gil-Ortega quería empezar las obras a toda máquina.
El Gobierno vivió su peculiar síndrome del Castor, el temor a que se repitieran errores como los cometidos con el almacén de gas frente a Vinaròs, cuya deficiente tramitación ha conducido a la imputación de 18 personas, entre ellas altos cargos ministeriales. "Ningún funcionario en Medio Ambiente se atrevería a dar la luz verde a esta obra en estas condiciones", dicen fuente bien informadas. El cambio de rumbo persigue serenar las aguas al margen del calendario electoral, y dar tiempo a que el CSN elabore su evaluación de los suelos. Todo indica que este organismo reclamará reforzar la seguridad (una base de hormigón más gruesa), para que todo lo vivido esta semana se quede sólo en radiactividad política.
15-II-15, A. Cerrillo, lavanguardia