seguimos con el modelo de empresa de beneficios privados y pérdidas para los contribuyentes
Vaya familiarizándose con estas siglas, RPA, que algún día llegarán a lexicalizar la responsabilidad patrimonial de la administración. La RPA se ha puesto de largo en España tras sonados rescates ya efectuados, como el del Castor, o en curso, como las ocho autopistas -entre ellas, las radiales de Madrid- concedidas a finales de los 90. Ahora entra en escena el tramo Figueres-Perpiñán de alta velocidad ferroviaria. Concesionado en el 2004 a un consorcio liderado por ACS (otra vez don Florentino Pérez, como en los ejemplos anteriores), las obras costaron más de 1.000 millones. Más de la mitad fueron de subvención pública y el consorcio se endeudó por más de 400 millones, deuda de la que van camino de responder los contribuyentes.
¿Cómo funciona la RPA? Se explica en Tropezando dos veces con la misma piedra: Quiebra de autopistas de peaje y costes para contribuyentes y usuarios (Daniel Albalate, Germà Bel y Paula Bel-Piñaña, Revista de Economía Aplicada 2015). La RPA supone una indemnización ante la resolución anticipada de la concesión. Con ella, la administración se compromete a abonar al concesionario el importe -descontadas amortizaciones- de las inversiones para expropiar terrenos, ejecutar las obras de construcción y adquirir otros bienes necesarios para la explotación. Estas cantidades se pignoran en los contratos financieros y sirven como una garantía pública para los financiadores. En este contexto, la empresa constructora construye la infraestructura y es pagada por la empresa concesionaria (usualmente controlada por la propia constructora). Si la explotación quiebra más adelante, los financiadores recuperan sus créditos gracias a la RPA. La concesionaria arriesga sólo su aportación de fondos propios, cuyo monto es inferior al beneficio económico obtenido con la construcción. Negocio asegurado y riesgo para el contribuyente si las cosas se ponen mal.
Ahora miremos adelante. ¿Le suena el plan Juncker? Persigue promover inversiones privadas por 315.000 millones, que se pretenden inducir con garantías financiadas con 21.000 millones del presupuesto de la UE y del Banco Europeo de Inversiones. Así pues, se trata de inversiones realizadas por empresas privadas, con ciertas garantías públicas, y puede promover algunos proyectos interesantes. Pero regresemos a España. ¿Qué pasará si las instituciones aplican la RPA a inversiones privadas en, por ejemplo, proyectos de infraestructuras de transporte? ¿Existen en España muchos proyectos de este tipo en que los financiadores privados vayan a arriesgar su capital sin gozar de la garantía de la RPA?
Hay motivos para la preocupación y nos quedaríamos más tranquilos si se suprimiese la RPA (y subterfugios equivalentes) de la normativa de contratos públicos. Entonces sí, los riesgos privados serían realmente privados. Pero el BCE va a inyectar mucha liquidez que se querrá rentabilizar y la influencia política de constructores y financieros es impresionante. Continuará.
10-III-15, Germà Bel, lavanguardia