estúpida, e impune, gestión política de las infraestructuras más productivas
En 50 años, hemos tirado literalmente al mar 45 millones de euros, a razón de 900.000 euros anuales. Lo hemos hecho absurdamente y sin sentido para regenerar las playas del Maresme. Ese dinero se ha malgastado porque las regeneraciones nunca han resuelto el problema de la erosión del litoral, que requiere soluciones seriamente diagnosticadas y mejor planteadas. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente, siguiendo la mencionada tradición manirrota, promete un nuevo gasto público de 52 millones de euros durante los próximos 15 años para persistir en la regeneración de las playas. Pero esta vez hay una interesante novedad: se propone instalar espigones que retengan la arena y eviten que desaparezca por la fuerza de los temporales. El asunto tiene narices porque la propuesta consiste en reconstruir unos espigones que el mismo ministerio ordenó desmontar hace veinte años.
¿Por qué se vuelve a la vieja idea de los espigones construidos en la década de los cincuenta? Porque cada maestrillo (léase técnicos ministeriales) tiene su librillo y porque no se quiere reconocer que el verdadero problema se encuentra en la mala gestión política de las infraestructuras portuarias tanto del Gobierno central como de la Generalitat.
Todo empezó cuando se amplió el puerto de Arenys de Mar a mediados del pasado siglo. Aquella obra impidió la circulación natural de la arena haciendo desaparecer las playas que había hacia el sur. Incluso un fuerte temporal de levante inundó zonas habitadas de Caldes d'Estrac y el emblemático hotel Colón quedó rodeado de agua. Como medida de protección de futuros temporales se colocaron espigones que también sirvieron para mantener la arena de las playas durante cuarenta años. A principios de los noventa, se impuso un nuevo librillo de los técnicos que apostaron por la regeneración natural de las playas, sin pensar que en esa época ya habían proliferado otros cuatro puertos más en el Maresme que extendieron el efecto erosivo. Eso no importó, y se ordenó desmontar los espigones sin que la medida fuera acompañada de la obligación legal de los puertos de propiciar el trasvase de la arena de un lado al otro de sus instalaciones. Aunque sus contratos de concesión indican claramente que es responsabilidad de los concesionarios portuarios garantizar la reposición de las playas que sus puertos han hecho desaparecer, ni el Gobierno ni la Generalitat los han molestado con este asunto. En su lugar, se ha empleado dinero público para tapar este flagrante incumplimiento.
Mientras tanto, es cierto que el Maresme sigue teniendo hoy un problema por la regresión de sus playas que atraen a miles de usuarios. Pero ¿por qué tenemos que pagar entre todos un desaguisado que han generado unos pocos para hacer negocio y gastarnos 52 millones de euros para seguir colocando barreras artificiales en la costa?
20-IV-15, Enric Sierra, lavanguardia