Valencia tendrá la primera multa europea por falsear datos
La Unión Europea está a punto de aprobar la primera multa de su historia a un país por el falseamiento de sus estadísticas oficiales de deuda y déficit. El destinatario de tan embarazosa decisión no es Grecia, el país que hizo uso a gran escala de estas prácticas para entrar y mantenerse en el euro, sino España.
La reprimenda no se debe sin embargo a los datos facilitados por la administración central ,sino a los de la Comunidad Valenciana. O, mejor dicho, a los datos no facilitados. Porque la conclusión de la investigación abierta por Bruselas el año pasado ha sido que Valencia ocultó de forma sistemática facturas correspondientes a su gasto sanitario durante más de 25 años.
El caso constituye "una seria negligencia" para la Comisión Europea, explicaron fuentes oficiales, y se zanjará, de acuerdo con la propuesta presentada ayer al colegio de comisarios, con una sanción de 19 millones de euros. La cantidad puede calificarse de simbólica, pues está lejos de los 2.000 millones que podría haber alcanzado en el caso de España ya que el reglamento europeo 1173/2011, aprobado para evitar engaños y mejorar la gobernanza económica de la eurozona, prevé multas de hasta el 0,2% del PIB del país en cuestión si se demuestra que ha habido una manipulación.
El caso estalló en mayo del 2012, cuando España informó a la Comisión Europea de una nueva revisión al alza de sus cifras de déficit debido a los datos recibidos de Valencia, Madrid y Catalunya sobre gasto sanitario. El plan de proveedores lanzado por Mariano Rajoy había hecho aflorar cientos de facturas 'olvidadas' en el cajón... Bruselas, alarmada, decidió enviar un equipo de inspectores a las comunidades afectadas. Catalunya pasó el examen. En Madrid, se concluyó que la corrección era "un ajuste excepcional". Pero en Valencia los funcionarios europeos se encontraron con una situación muy distinta que motivó la apertura del primer expediente por posible manipulación de las estadísticas oficiales.
7-V-15, B. Navarro, lavanguardia
El informe de la Comisión Europea sobre el fraude estadístico valenciano publicado ayer, incluye revelaciones que dejan en mal lugar tanto a las autoridades autonómicas como al Gobierno central español.
La práctica de la Intervención General de la Generalitat de Valencia de no computar el gasto sanitario (agravada desde 1993) era del dominio público, asegura. Año tras año, el tribunal de cuentas autonómico, el Síndic de Greuges, denunció la existencia de gastos no registrados y cuentas extrapresupuestarias y reclamó a la Intervención que registrara y notificara esas partidas. Tampoco el Gobierno central reaccionó. La Intervención General de la Administración del Estado "se dio cuenta de que algo iba mal en el 2007", afirma el informe europeo, cuando se creó un grupo de trabajo para abordar el problema de la deuda sanitaria regional. La administración central pensó que la situación quedó resuelta con los acuerdos de la Generalitat para reconocer gastos pasados. Pero lo cierto es que la práctica continuó y no salió a la luz hasta el 2012, cuando el plan nacional de proveedores animó a las comunidades a sacar facturas de los cajones (1.900 millones en Valencia).
Los informes del Síndic valenciano no sólo eran públicos, sino que todos los años se enviaban a los representantes de 60 organismos públicos autonómicos, incluida la consejería de Sanitat, a quien la Intervención General de la Generalitat acusa de no remitirle todas las facturas. Esta actitud de los poderes públicos valencianos de mirar a otro lado, sin embargo, no significa para la Comisión que la tergiversación de las cuentas fuera un ejercicio deliberado. Su conclusión, más leve, es que se trató de "una seria negligencia", una práctica sistemática pero achacable a un organismo, la Intervención General. La eurocomisaria Marianne Thyssen explicó ayer que esa es la conclusión de los técnicos de Eurostat enviados a Valencia para investigar la magnitud del fraude y que se ha asumido como tal, sin interferencias.
La Comisión ha tenido en cuenta varios atenuantes, como la plena cooperación de Madrid, y la propuesta de sanción ha pasado de 94,5 a 18,9 millones de euros. Las alegaciones del abogado general del Estado español, que puede recurrir la decisión, se centran en el alcance de la investigación ya que ha mirado datos desde 1988, aunque la UE sólo tiene poderes para sancionar desde finales del 2011, una estrategia que cree que puede haber pesado en sus conclusiones.
7-V-15, B. Navarro, lavanguardia
