"Corrupción y regeneración", Germà Bel

En el 2015 tendremos dos elecciones, como mínimo, y la corrupción y la regeneración serán asunto principal en la agenda. No es para menos; la eclosión de casos de corrupción y malas prácticas se ha acentuado en los últimos años, y las áreas con más prácticas irregulares son urbanismo, contratos de servicios públicos y contratación de obras públicas. Todas las fuerzas tradicionales de gobierno están afectadas, e incluso algunas emergentes muestran maneras preocupantes, antes aún de haber accedido a ámbitos de poder.

¿Tenemos un diagnóstico adecuado sobre los factores que propician las prácticas corruptas? Desde luego, son varios, como en todo problema social relevante. Si nos centramos en el ámbito económico e institucional, la teoría económica nos ofrece algunas enseñanzas: Hart, Shleifer y Vishny, en The Proper Scope of Government (Quarterly Journal of Economics, 1997), sugieren que la producción directa por el gobierno de servicios y obras públicas está asociada al sobreempleo para obtener rentas políticas, mientras que los contratos al sector privado facilitan la búsqueda de rentas materiales para los políticos, con comisiones o pagos de diversos tipo (a veces diferidos, como las "puertas giratorias"). Moshe Adler ilustra este cuadro en Been there, done that: The privatization of street cleaning in nineteenth century New York (The New Labor Forum, 1999), con los vaivenes entre producción pública, que desemboca en ineficiencia; privatización, que acentúa la corrupción; producción pública... y vuelta a empezar.

La intervención pública es inevitable, pero favorece las conductas de búsqueda de rentas. Sobre todo, cuando se expresa mediante reglas y procedimientos que restringen la actividad económica. Tenemos evidencia: en la clasificación de Transparencia Internacional sobre corrupción, entre los países de la antigua UE-15 (más comparables) los más virtuosos son Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda y Luxemburgo, y se sitúan a la cola Francia, Portugal, España, Grecia e Italia. Y en la clasificación del World Economic Forum sobre la carga de la regulación gubernamental, la menor carga regulatoria se da en Finlandia, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Holanda (y poco después Dinamarca), mientras que los que tienen mayor pesadez regulatoria (por orden creciente de carga) son Portugal, Francia, España, Grecia e Italia. ¿Les dice algo? Lección clara: a mayor proliferación de controles, más oportunidades para la corrupción, que suelen acabar en más corrupción.

Algunas formaciones políticas parecen creer que con tan solo relevar a los políticos al cargo se soluciona la corrupción y se regenera la política. Esto responde a la combinación de presunción de superioridad moral (muy dañina, por cierto) y la vocación de mantener el control sobre la sociedad. Pero se equivocan quienes proponen aún más controles y reglamentos. Los países exitosos nos enseñan que reducir los controles y las intervenciones arbitrarias sobre la actividad productiva es una reforma institucional mucho más prometedora, y compatible con la redistribución fiscal para perseguir objetivos de tipo social. Menos rigidez, y más flexibilidad; menos arbitrariedad y control, y más transparencia. ¿Quién asume esta agenda?

13-I-15, Germà Bel, lavanguardia