perversión de la democracia por el sistema electoral
Algunos apóstoles del radicalismo democrático supeditan la regeneración política de España a una reforma electoral que debería incluir entre sus contenidos imprescindibles las listas abiertas y la limitación de mandatos. Sin embargo, ni la limitación de mandatos ha impedido a un partido perpetuarse en el poder, ni las listas abiertas han mejorado la participación de los ciudadanos, que ya disponen de ese recurso en la elección al Senado, sin otro resultado que premiar al candidato que aparece en primer lugar en una lista ordenada alfabéticamente.
En realidad, la única reforma capaz de acabar con el duopolio de PP y PSOE y de abrir el juego político a otras formaciones -y muy en especial a partidos emergentes como Podemos o Ciudadanos, cuya supervivencia futura depende de su capacidad para ser decisivos en el ámbito parlamentario- es un cambio que introduzca mayor proporcionalidad en el actual modelo electoral español, que es de hecho un sistema mayoritario disfrazado de proporcional (y la mejor prueba de ello es que puede otorgar una mayoría absoluta con menos del 40% de los votos, en línea con magnitudes similares en el escenario británico).
En el caso español, la principal dificultad para una reforma electoral que introduzca mayor proporcionalidad reside en la circunscripción electoral que viene consagrada en la Constitución: la provincia y sus heterogéneas dimensiones demográficas (con numerosos distritos que eligen pocos escaños y se comportan, por lo tanto, como circunscripciones mayoritarias). Y como una reforma de la Constitución española se enfrenta normalmente a dificultades insalvables, algunos actores políticos han propuesto ampliar el tamaño del Congreso a 400 diputados, tal y como permite el artículo 68 de la Carta Magna.
Sin embargo, esa solución no haría más que acentuar la distancia entre las provincias de pequeña dimensión demográfica -que seguirían comportándose como distritos mayoritarios- y aquellas otras de una dimensión mediana o grande. Es verdad que estas últimas proporcionarían más escaños a los grupos minoritarios, pero sin reducir la sobrerrepresentación de los grandes partidos, que seguirían beneficiándose de las pequeñas provincias, donde se adjudicarían la representación en solitario.
La mejor prueba de ello (ver gráfico) es que, con los resultados del 2011, un Congreso de 400 escaños continuaría otorgando una sobredimensionada mayoría absoluta (del 52% de los diputados) al primer partido (el PP, con un 44% de los votos), además de primar al segundo (el PSOE, que obtendría un 31% de los escaños con un 28,8% de los sufragios). Y, paralelamente, esa Cámara seguiría penalizando a los pequeños, que obtendrían la mitad de los diputados que les corresponderían en proporción a sus votos.
La única forma de atajar esas letales asimetrías pasaría por sustituir el actual método de atribución de escaños (el sistema d'Hondt, basado en los cocientes resultantes de dividir sucesivamente los votos de cada lista por la cifra de electos) por una fórmula más proporcional (la Hare, basada en los restos mayores que resultan de dividir los sufragios da cada lista por la cuota de votos requerida para obtener escaño, lo que permite a las minorías entrar en el reparto). Esa sustitución (ver simulación) dejaría sin su actual mayoría absoluta al PP (que podría gobernar con el apoyo de UPyD o de CiU). Y tendría una gran ventaja para su aplicación: bastaría con cambiar la ley electoral, lo que no exige los arduos requisitos que demanda una modificación constitucional.
22-VI-15, C. Castro, lavanguardia