España cañí -204: negocios a la Florentino: si ganancias, pa’ mi; si pérdidas, las pagáis entre todos

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La asunción por parte de la Administración de infraestructuras públicas deficitarias o ruinosas gestionadas por empresas privadas se ha hecho costumbre en los últimos años. Los casos más sonados han sido el de las autopistas radiales de Madrid y otras comunidades y el almacén de gas submarino Castor, frente a las costas de Castellón. El Gobierno indemnizó a ACS con 1.350 millones y se quedó con la instalación, totalmente inservible. Ahora, de nuevo ACS aparece en el horizonte con otra concesionaria mal planificada que, salvo sorpresa, será rescatada por España y Francia.

TP Ferro, sociedad concesionaria que explota el túnel pirenaico del Pertús por donde circula el AVE, presentará hoy concurso de acreedores en los juzgados de Girona con deudas de unos 460 millones de euros, explicaron ayer fuentes de toda solvencia. Esta cantidad podría acabar siendo exigible a los estados español y francés, ya que la empresa está cubierta con una garantía similar a la llamada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) de la que tienen también otras infraestructuras públicas, como el almacén de gas Castor, las autopistas radiales de Madrid o Cedinsa, titular, entre otras, de la autovía C-17.

La compañía, propiedad a partes iguales de ACS, presidida por Florentino Pérez, y Eiffage, se encontraba en preconcurso desde el pasado 19 de marzo, con lo que el plazo para llegar a un acuerdo con la banca y los fondos acreedores expiraba el próximo domingo. BBVA, CaixaBank, ING y Novo Banco, por un lado, y los fondos gestionados por Avenue Capital, Bluemountain Capital, Bank of America y Neuberger Berman, por el otro, se reparten casi a partes iguales los 389 millones de deuda financiera (los fondos se la compraron a la banca). Ambos grupos pactaron a principios de junio una solución de continuidad con la empresa y la trasladaron al Ministerio de Fomento y al Gobierno francés, que la rechazaron porque imp0licaba la inyección de recursos públicos en la empresa. La compañía tiene además un crédito participativo de 67 millones del Ministerio de Fomento.

Tras la negativa de las administraciones a evitar el colapso final, hace semanas que todas las partes involucradas –empresa, bancas y los gobiernos español y francés– ya sabían que no habría acuerdo posible. La compañía, asesorada por Ashurst y Roca Junyent Advocats, presentará esta misma mañana el concurso de acreedores en el único juzgado mercantil de Girona.

La banca no ha querido refinanciar la deuda por dos motivos. El más obvio es que no hay ninguna garantía de que desaparezcan las causas de la insolvencia, que se encuentran en una concesión con ingresos muy inferiores a los previstos que no permiten el pago de la deuda.

TP Ferro no podía aspirar a lograr un nuevo acuerdo con los acreedores, con quitas o esperas, porque –y esta es la segunda razón del fracaso de las negociaciones– no le va la vida en ello. Está cubierta por el contrato de la concesión lograda en el 2003. Con el concurso, se abrirá un nuevo marco para la negociación de una salida, con la peculiaridad de que deberá validarlo el juez. La empresa tiene la sartén por el mango: si no logra más dinero, las administraciones deberán hacerse cargo de todo antes o después.

17-VII-15, L. Agustina, lavanguardia