"Caso Andrea Lago", Asociación Derecho a Morir Dignamente

30 de septiembre de 2015

Ante la negativa del Hospital de Santiago de aceptar la muerte digna de la enferma terminal de 12 años, la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) destaca que sus padres han pedido rechazar su tratamiento con alimentación-hidratación artificial, solicitando que se le alivie el sufrimiento con una sedación paliativa y que el Comité de Bioética del Hospital ha dado el visto bueno.

DMD quiere además manifestar:

1. La Ley Básica de Autonomía del Paciente (LAP) de 2002 establece como un principio básico que “el paciente tiene derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse al tratamiento” (art. 2). Asimismo, “cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos” (art.9.3). En el caso de Galicia, estos derechos han sido reforzado por una ley autonómica de Muerte Digna (art. 3), aprobada recientemente.

2. Lamentablemente, el conflicto entre una familia que desea ejercer sus derechos y un equipo asistencial que ignora lo que establece la ley e impone sus creencias personales a los valores y la voluntad del paciente es un atropello habitual. Esta situación provoca un sufrimiento añadido a una situación por naturaleza dramática. Los derechos de los pacientes no deberían quedar al albur de la interpretación personal de los profesionales.

3. Las leyes autonómicas de muerte digna (Andalucía, Canarias, Aragón, Navarra, Baleares, Galicia y próximamente en Euskadi) han demostrado que son una herramienta insuficiente para que se respeten los derechos y se mejore la calidad de muerte de los ciudadanos. El Código Penal, que castiga la cooperación al suicidio y la eutanasia, ejerce una presión social que distorsiona la toma de decisiones al final de la vida. Algunos profesionales lo utilizan como un subterfugio para imponer la sacralidad de la vida, ignorando la voluntad del paciente. Y los ciudadanos se ven en la necesidad de justificar decisiones actualmente reguladas en la legislación.

4. Frente al inmovilismo de los grupos de poder fundamentalistas de la sacralidad de la vida, acostumbrados a imponer sus valores, hoy en día la sociedad española es plural y se manifiesta mayoritariamente a favor de regular la eutanasia. Por ello, es necesario que unas nuevas mayorías en el próximo Parlamento Español se decidan a abordar la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Esto beneficiaría no sólo a aquellas personas que deseen disponer de su vida con todas las garantías, sino a todos los ciudadanos, que verían como una realidad los cambios en la relación médico-paciente que estableció en 2002 la Ley de Autonomía del Paciente.