¿porqué ha dado el Gobierno 1.350 millones de Nuestreo Dinero a ACS/Florentino Pérez

La inyección en el depósito de gas Castor se paralizó por orden del Ministerio de Industria en octubre del 2013 tras registrarse el alud de seísmos frente al litoral ebrense. Un año después, el Consejo de Ministros aceptó la renuncia de la empresa a explotar el reservorio, puso en fase de hibernación el almacén y acordó indemnizar a Escal UGS con 1.350 millones. El Castor sigue hibernando a la espera de que el Gobierno decida si se desmantela de forma definitiva o se reabre.

El informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) no estudió en 2007 el riesgo potencial del Castor de inducir terremotos con la inyección de gas en el subsuelo marino e informó a favor del depósito de gas. Sólo dos años antes el Observatorio del Ebro sí alertó de este peligro por las características de la actividad planteada. Jesús Gómez de las Heras, entonces coordinador de este organismo público estatal, declaró ayer en el juzgado de Vinaròs (Castellón) desconocer el peligro de inducir terremotos por el reservorio situado frente a la costa del Delta del Ebro.

El máximo responsable del controvertido informe, clave en la tramitación administrativa del almacén submarino, aseguró que nadie requirió de una evaluación de la sismicidad inducida. Así lo reveló el abogado de la acusación popular, Jorge Casal, presente en el interrogatorio de más de tres horas del primero de los dieciocho imputados citados a declarar en la instrucción del caso Castor. "Emitió un informe sobre la idoneidad de la estructura subterránea para albergar un almacén de gas; ha puesto de manifesto que informó sobre los extremos que le habían sido requeridos y que desconocía por completo la existencia de riesgos de sismicidad en la zona", dijo Casal, letrado de la acusación en representación de la entidad ambientalista Arca.

El excoordinador del Instituto Geológico razonó ante el juez que se siguió el mismo procedimiento que en otros almacenes subterráneos validados. El IGME elaboró el documento a partir de los estudios técnicos facilitados por la empresa promotora (Escal UGS), filial de la ACS de Florentino Pérez, al Ministerio de Industria en época del Gobierno Zapatero.

El fiscal de Castellón, José Luis Cuesta, que denunció el caso, explicó que quiere "reconstruir toda la historia de la tramitación del proyecto que ha desembocado en algo que no se tendría que haber producido". El mismo fiscal argumentó que el Castor "no se tramitó de forma adecuada", por lo que con la instrucción confía en que se pueda "ver la responsabilidad en la que pueden haber incurrido tanto la administración como la empresa".

En este mismo sentido, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, el movimiento vecinal que denunció el Castor incluso antes de desatarse el alud de 600 seísmos en otoño de 2013, confía en que tanto los responsables de la administración central que validaron el proyecto como los directivos de Escal UGS vayan a juicio y sean condenados. "No se pueden ir de rositas, diciendo que se equivocaron. No hace falta que vayan a la cárcel, con una condena de 18 meses basta, pero que se sepa que quien la hace la paga", sostuvo Evelio Monfort, portavoz de la plataforma. La instrucción del caso va para largo.

20-X-15, E. Giralt, lavanguardia