el (¿impune?) pufo de las autopistas madrileñas
El plan de rescate del Ministerio de Fomento para las ocho autopistas de peaje de Madrid y su entorno que se hallan al borde de la quiebra corre el riesgo de fracasar. Si eso sucediera, se activaría la cláusula de responsabilidad patrimonial de la Administración, pactada en su día entre el gobierno Aznar y las compañías concesionarias, por medio de la cual el Estado está obligado a asumir el conjunto de la inversión y de las pérdidas acumuladas. Ello tendría un coste millonario con cargo a los presupuestos del Estado que se podría elevar hasta los 5.700 millones de euros.
Hará bien la ministra de Fomento, Ana Pastor, en presentar recurso -como ha dicho- contra la sentencia emitida ayer por el juzgado de lo mercantil número dos de Madrid por la que se declara en liquidación la empresa adjudicataria de la autopista de peaje entre Madrid y el aeropuerto de Barajas. Es el mismo juzgado que también decidió la liquidación de la autopista A-36, entre Ocaña y La Roda, contra la que también recurrió Fomento.
La ministra considera que los defectos de legalidad que tiene el proyecto de rescate para el conjunto de las autopistas afectadas es perfectamente subsanable. En síntesis, dicho plan prevé la integración de las ocho autopistas de peaje en riesgo de quiebra en una única empresa pública, con una quita del 50% de la deuda, y una emisión a 30 años para pagar el resto del dinero que se adeuda, que, según el diseño efectuado, no costaría ni un euro a los ciudadanos. Al menos así lo asegura la ministra.
Los 9,4 kilómetros de longitud de la autopista de peaje Madrid-Barajas, ahora en proceso de liquidación, tienen el coste de construcción por kilómetro más elevado de todas las que se han construido, debido sobre todo a los 1,8 kilómetros de túnel que discurren por debajo del parque Juan Carlos I, con un coste global de 550 millones de euros.
Los argumentos de la concesionaria para justificar la quiebra son similares a los de las otras siete autopistas: sobrecostes de la empresa constructora -que fue del mismo grupo que la compañía concesionaria-, aumento inesperado del importe de las expropiaciones a causa de la ley del Suelo de 1996, impulsada por Rodrigo Rato, y errores en la previsión del volumen de tráfico, que nunca ha cumplido las expectativas, porque dicha autopista de peaje -al igual que las demás- discurre junto a autopistas libres de pago.
Aunque la resolución de este enorme pufo quede para la próxima legislatura, y aunque los presuntos delitos hayan ya prescrito, los ciudadanos tienen el derecho de exigir una investigación a fondo de lo sucedido con tal monumental fiasco económico para, como mínimo, poner cara a los culpables y, sobre todo, que se puedan adoptar medidas para que algo similar no se repita en este país.
22-X-15, lavanguardia
El juzgado mercantil número 2 de Madrid dictó ayer un auto en el que se acuerda la disolución de las dos sociedades de la autopista de peaje de Barajas (Aeropistas y la sociedad concesionaria de la autopista de peaje Eje Aeropuerto), propiedad del grupo OHL.
Se trata de una vía de pago, la M-12, que cuenta con 9,4 kilómetros. Fue proyectada con Francisco Álvarez-Cascos (PP) al frente del Ministerio de Fomento, aunque la inauguró en junio del 2005 Magdalena Álvarez (PSOE). Supuso en su día una inversión de 435,6 millones y en estos momentos su deuda viva asciende a 227 millones.
El juez Andrés Sánchez Magro no admite ninguno de los dos convenios de acreedores presentado, con lo que se abre la fase de liquidación y se activa el pago de la responsabilidad patrimonial de la administración ( RPA).
No es la primera autopista de peaje que entra en esta fasede liquidación, ya que en febrero de este año el mismo juzgado decretó la liquidación de la AP 36, entre los municipios castellano-manchegos de Ocaña y La Roda.
Contra el auto cabe recurso de apelación en un plazo de vein-te días. Tras el conocimiento de esta situación de quiebra financiera, el Ministerio de Fomento anunció que recurrirá en la Audiencia Provincial de Madrid la liquidación al haber "motivos subsanables".
En realidad, el Gobierno da una patada hacia delante para que el problema se solucione en la próxima legislatura. De hecho, la Abogacía del Estado tiene orden de recurrir todas las resoluciones judiciales en los procesos concursales que afectan a estas vías de pago. La actual ministra de Fomento, Ana Pastor, que heredó este problema, trató de crear una sociedad pública de autopistas, pero exigía una quita del 50% en la deuda y convertir el pasivo restante en un bono a treinta años. Tanto la banca, sobre todo la extranjera, como las concesionarias se negaron a tal fórmula.
En este contexto, la Administración central tiene que hacer frente al coste de la RPA. Sinembargo, no tiene nada provisionado, ni figura ninguna parti-da en los presupuestos generales del Estado del 2016. Otra opción, según fuentes de Fomento, se-ría recurrir al fondo de contingencias, cuyo presupuesto para el 2016 asciende a 2.507 millones.
Las cifras sobre el coste de rescatar las ocho autopistas de pago quebradas son muy dispares. La patronal Seopan maneja una horquilla de 5.700 a 8.000 millones de coste para el Estado en función de si se incluyen las mejoras que se han ido haciendo en las vías en los últimos años, así como las expropiaciones. Fomento defiende que la cifra del pasivo ronda los 4.500 millones y que sólo habría que hacer frente a lo que queda por amortizar.
El departamento de Pastor siempre defendió que no costaría nada a los contribuyentes, pero los dos autos del juez inclinan la balanza a que el Gobierno central corra con el coste e indemnice a los propietarios y a los acreedores. En esta legislatura ha habido tres reales decretos para modificar la normativa, como excluir los sobrecostes de la RPA, pero no afectan a las ocho autopistas en quiebra, entre ellas todas las radiales de Madrid, porque no tiene carácter retroactivo.
Seopan presenta hoy un plan inversor para los próximos cuatro años, sobre todo de rehabilitación de carreteras, y ofrecerá su visión respecto a esta situación.
22-X-15, lavanguardia