la, aún pendiente, Transición Democrática del Poder Judicial (Garzón, Castro...)
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La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó abrir unas diligencias informativas previas al juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, cuyo titular es José Castro Aragón, que investiga el caso Urdangarin, en el que está imputado el yerno del Rey por fraude a la Administración y malversación de fondos públicos. La comisión disciplinaria ha decidido, en función de la denuncia contra Castro presentada por el abogado de Jaume Matas, “investigar las medidas adoptadas por el juzgado para evitar las masivas filtraciones y, en la medida de lo posible, que sean depuradas las responsabilidades”. En otros casos de filtraciones de sumarios declarados secretos, el Consejo nunca abrió este tipo de expediente.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechazó en su día una querella de Matas contra el juez Castro, al que atribuía, entre otros, los delitos de revelación de secretos y de dejación en la obligación de todo juez de perseguir el delito.
La defensa del expolítico del PP mantiene una reiterada y beligerante acción contra el juez Castro, al que ha atribuido “fobia personal y política contra” Matas. La Fiscalía Anticorrupción acusó al abogado Antonio Alberca de usar “la vía penal para intentar desacreditar la labor instructora”.
El juez Castro, al rechazar la primera denuncia de Matas sobre el tema, negó que se hayan dado filtraciones en las partes secretas del caso, pero reconoció que era muy difícil hacer cumplir el deber de sigilo general sobre la causa debido al gran número de personas con acceso a ella, entre afectados, abogados, procuradores o miembros de la Policía Judicial.
Castro consideró en un auto que sus supuestas filtraciones son “hechos que no han acontecido” o que “de haberlo sido, sus autores podrían ser infinitos”. Iniciar una causa sobre ello “ya se advierte inútil, dilapidadora de un tiempo que no sobra”.
El juez, en alusión a Matas, indicó que “no ha sido nadie vinculado” al juzgado “quien ha concedido ruedas de prensa relacionadas con esta causa, tampoco el que ha acudido a medios televisivos para lo mismo, ni tampoco quien ha enviado a la dirección de un determinado diario local y para su publicación un escrito comentando aspectos de esta causa y cuestionando la imparcialidad de este instructor”. Sobre el caso Urdangarin, el juez aseguró que “en ningún momento ha habido la menor filtración”. “Ni una sola de las resoluciones que han recaído en dicha pieza secreta” hasta el auto de 3 de noviembre, que ordenó las entradas y registros llevados a cabo en Barcelona, como en el Instituto Nóos, “ha trascendido al exterior, ni en su letra ni en su espíritu”.
En cuanto a las filtraciones “que se dicen habidas desde el inicio de la causa y en lo no especialmente secreto”, el juez Castro comenta que el deber de sigilo “queda seriamente comprometido” por la obligación legal de entregar copia de la causa a los afectados, que sumados a sus abogados, procuradores y ministerio fiscal, dan “nada menos” que la cifra de 136 personas. El juez afirmó que “no está en condiciones de lanzar la más mínima sombra de sospecha sobre nadie” y “que un secreto compartido por tan elevado número de personas es en la práctica imposible de guardar con escrupulosa fidelidad”.
9-II-12, A. Manresa/J.A. Hernández, elpais
El Tribunal Supremo ha condenado al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación en el ejercicio de su cargo y a una multa de 2.520 euros por un delito de prevaricación en concurso con otro contra las garantías constitucionales al colocarse "a la altura de regímenes totalitarios" cuando intervino las comunicaciones de los cabecillas de la trama "Gürtel" con sus abogados en prisión.
La condena, notificada personalmente al juez en la sede del alto tribunal, señala que el magistrado de la Audiencia Nacional vulneró de forma "drástica e injustificada" el derecho de defensa de sus investigados, lo que le supondrá la "pérdida definitiva" del cargo.
La resolución, que ha sido acordada por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron la causa el pasado mes de enero, conlleva la pérdida definitiva de su cargo en el Juzgado Central de Instrucción número 5 "y de los honores que le son anejos", así como "la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo".
La resolución ha sido comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que se desplazó esta mañana a la sede del Tribunal Supremo. Tras conocer la sentencia, un poco antes de las dos de esta tarde, Garzón ha abandonado con semblante serio el alto tribunal sin realizar declaraciones...
Esta es la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. Ayer mismo quedó visto para sentencia el segundo juicio celebrado contra él en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello.
9-II-12, ep