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el centralismo (¿democrático?) español cuestionado por el Parlamento Europeo

cmefoto01bEl Parlamento Europeo apuntaló ayer la autonomía de la gestión de los puertos. La cámara aprobó una nueva propuesta de reglamento presentada por la Comisión sobre el acceso al mercado de los servicios que prestan estas infraestructuras y su transparencia financiera, que incluye referencias directas a las tasas. El texto, que ahora debe pasar a una nueva fase de negociación en el Consejo Europeo y con los estados miembros, salió adelante holgadamente, con 451 votos a favor, 243 en contra y 18 abstenciones. Los eurodiputados de CDC, Unió, ERC, Compromís, Podemos y el PNV votaron a favor. Los del PP, Ciutadans, UPyD y la mayor parte de los del PSOE se opusieron. ICV e IU se abstuvieron. Por países, sólo hubo oposición mayoritaria española e italiana.

Entre los elementos incluidos en el texto destaca el protagonismo que se le otorga a cada puerto en el establecimiento de tasas, un asunto que los responsables del puerto de Barcelona han reclamado insistentemente para poder competir en un mercado cada vez más abierto, pero que el actual modelo español no permite. “A fin de contribuir a un sistema eficiente de tarificación de la infraestructura –dice el documento–, la estructura y el nivel de los cánones de las infraestructuras portuarias serán definidas de modo autónomo por la entidad gestora del puerto, de acuerdo con su estrategia comercial y plan de negocio”.

Los puertos españoles considerados de interés general, 28 en total, tienen autonomía para fijar tarifas pero siempre bajo la supervisión y coordinación de Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Fomento. Un portavoz de este departamento, que dirige en funciones Ana Pastor, destacó que el sistema vigente, “aunque sobre el papel está centralizado, en realidad deja un amplio margen de actuación a cada puerto”. El eurodiputado del PP, Luis de Grandes, fue más allá y consideró que el documento aprobado ayer “no responde al interés general y se inmiscuye en competencias de los estados”. A su entender, “los puertos son de dominio público y por ello, las tasas no pueden ser fijadas mediante una negociación entre privados”. Para adoptar este reglamento, prosiguió, “España se vería obligada a cambiar su Constitución o la forma en que está organizado el sistema portuario español; es decir, privatizando sus puertos”.

De modo diametralmente opuesto lo ve el eurodiputado de CDC, Ramon Tremosa, quien celebró que con esta propuesta de reglamento se da respuesta afirmativa a una “reclamación histórica del puerto de Barcelona y de las instituciones catalanas”. Este parlamentario destacó que esta autonomía es “una condición básica para que el corredor mediterráneo pueda desplegar todo su potencial”. Y añadió que, además, el texto recuerda que “las ayudas de estado no están permitidas y, por tanto, tampoco las subvenciones cruzadas entre puertos”.

El puerto de Barcelona se mostró satisfecho con esta aprobación. “Valoramos muy positivamente que un reglamento priorice la autonomía de gestión –dijo un portavoz–. Europa quiere armonizar el sector para que pueda competir en igualdad de condiciones y con instrumentos de gestión similares”.

9-III-16, Ó. Muñoz, lavanguardia