España necesita 390 depuradoras para evitar sanciones de Bruselas
España necesita que se construyan unas 390 depuradoras para cubrir este servicio en más de 600 localidades y evitar posibles sanciones de Bruselas. El actual déficit viene motivado por municipios que suman en conjunto unos 15.000 habitantes y carecen de estas infraestructuras.
Depurar las aguas es responsabilidad de las tres administraciones, pero la competencia es municipal (J.j. Guillén - EFE)La comunidad autónoma que dispone de mayor número de municipios con déficit es Andalucía, con 221; seguida de Extremadura (126) y en tercera posición figura Castilla-La Mancha, con 75 (ver gráfico adjunto). En el caso de Catalunya sería necesario planificar doce depuradoras más. Algunas comunidades autónomas como Navarra, La Rioja, Murcia o la Comunidad Valenciana no necesitan dotarse de más infraestructuras de este tipo.
“Las depuradoras son infraestructuras básicas, pero su construcción es mucho menos mediática que la construcción de líneas de alta velocidad ferroviarias o autopistas”, explica Fernando Argüello, director general del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), patronal que agrupa a las principales ingenierías. Es cierto, continúa, “que en España sobran aeropuertos, pero faltan otras obras civiles, como variantes en poblaciones pequeñas para mejorar la seguridad vial o presas para evitar inundaciones, como las del Ebro”.
La construcción de las depuradoras pendientes implica inversiones de casi 1.100 millones y la creación de unos 2.500 puestos de trabajo en tres años, según los cálculos realizados por Fidex a partir de datos del Ministerio de Agricultura.
En principio, faltan 20 depuradoras de gran tamaño, que sumarían inversiones por unos 231 millones y unas 370 de menores dimensiones, cuya puesta en funcionamiento suma unos 850 millones. En estos momentos, hay en funcionamiento unas 2.060 en todo el territorio. Con ellas, el 80% de la población depura adecuadamente sus aguas.
El coste de una depuradora depende del tamaño y la composición de la población que debe atender, así como de la tecnología que lleve asociada o las conducciones de agua que necesite. Una vez en marcha, el trabajo que generen depende de su tamaño, pero en las pequeñas sólo suele haber un empleado, responsable de su funcionamiento.
En algunos países, este tipo de obra civil se financia a través del modelo público-privado. Habitualmente, no funciona el sistema concesional, ya que la opinión pública suele ser reacia a pagar a las empresas por la depuración de sus aguas. De ahí, que ese tipo de concesiones vayan asociadas al abastecimiento de agua potable, servicio que el ciudadano sí está dispuesto a costear.
En principio, la responsabilidad de la depuración de las aguas tiene carácter municipal, pero en algunos casos son supramunicipales y están gestionadas por las comunidades autónomas (varios municipios que se unen para depurar sus aguas en un único sistema de tratamiento conjunto). El Ministerio de Agricultura participa también en el proceso mediante convenios para ayudar a la financiación de las obras. Es decir, la competencia es estrictamente municipal, pero la existencia de multitud de convenios comporta la participación de las distintas administraciones en el proceso.
Para Argüello , “el problema no estriba sólo en las posibles sanciones, sino en el riesgo de perder ayudas, ya que llevamos años de retraso”. En su opinión, “hemos reaccionado a la crisis reduciendo drásticamente la inversión pública en infraestructuras al pasar del 3,4% al 1,3% del PIB, cuando en otros países del entorno la han mantenido en el 2,5%. España debería hacer lo mismo y tratar de no bajar del 2% para buscar un desarrollo equilibrado”.
14-III-16, C. Lafraya, lavanguardia