unos 400.000 dependientes no reciben asistencia alguna
No hay dinero o no hay voluntad, o ambas cosas, pero la realidad es que a día de hoy más de 400.000 personas en situación de dependencia que tienen reconocido el derecho a una asistencia no la están recibiendo. Exactamente 400.158. Miles de ciudadanos que, según la ley y tras pasar los controles precisos, deberían recibir el servicio y la prestación que el propio sistema les ha diseñado. Pero, aunque la ley les ampara, la realidad no.
Así lo señala los últimos datos publicados por el Sistema de Atención de la Dependencia, del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, relativo al primer trimestre de este año y que también indican que hay 802.269 personas atendidas.
Según el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, “se necesitarían 16 años para atender al completo la lista de espera con la tendencia que se marca en los datos oficiales del primer trimestre del año”. Teniendo en cuenta que el 54% de las personas en situación de dependencia son mayores de 80 años, muchos de ellos fallecerán sin haber recibido el derecho que se les reconoce. De hecho, según Ramírez, el Ministerio de Sanidad reconoce que casi el 20% de los fallecidos en este trimestre se encontraba en el “limbo de la dependencia”. Sólo en el último año, murieron más de 45.000 personas en situación de dependencia sin recibir ninguna prestación o servicio a la que tenían derecho, apuntan desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales
Datos y más datos que ponen de manifiesto, una vez más, la cruda realidad: que miles de personas que precisan atención no la están recibiendo pese a que la ley claramente lo especifica. La norma que nació con el sobre nombre del cuarto pilar del bienestar se encuentra estancada. La larga crisis, con sus recortes, han causado desatención y mucho dolor a las personas más desvalidas.
Los datos recogidos por la citada asociación con la información del Ministerio de Sanidad apuntan a que el recorte acumulado durante el mandato del Gobierno de Rajoy asciende a 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.
En estos años, “el sistema ha recibido un inmenso varapalo jurídico y financiero que ha recaído sobre las personas en situación de dependencia, sobre sus familias y también sobre las administraciones territoriales obligadas a la gestión y que se ven imposibilitadas para incrementar y mejorar las atenciones al ritmo requerido”, señalan desde esta entidad.
30-IV-16, C. López, lavanguardia