de símbolos nacionales, deporte, libertades... y estulticia

La historia del proceso por la pitada en el Camp Nou en la final de Copa de 2015 se vuelve a alargar. Ha habido sucesivas resoluciones de archivo y reapertura del caso, hasta el último auto de la sala penal de la Audiencia Nacional, que obliga a seguir con las diligencias. El juez encargado del asunto, Fernando Andreu, creía que no había motivos para proseguir la investigación, pero dicho tribunal, que es su instancia superior, le ha ordenado continuar, porque estima que la pitada, y sobre todo su preparación, sí constituyeron delito. En concreto, los de injurias al Rey, que presidió la celebración del partido, y a los símbolos y emblemas de España.

Una vez recibida la orden, el juez ha dictado un nuevo auto en el que excluye la responsabilidad penal de diversas entidades, entre ellas el propio FC Barcelona, pero sólo como personas jurídicas. Sí cabe, en cambio, la posibilidad de que responsables de diversas organizaciones relacionadas con el encuentro incurrieran en delito al convocar el acto de protesta. Y esto es lo que el juez va a tener que investigar.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que presentó la denuncia inicial por los hechos –a la que se adhirieron Manos Limpias y Vox–, ha respondido inmediatamente a la resolución del juez Andreu. La fiscal encargada del asunto, Ana Noé, no pone objeciones a la exclusión de responsabilidad del Barça y otras entidades como personas jurídicas, pero quiere investigar si sus directivos y jefes estuvieron implicados en la pitada o si intentaron impedirla.

Las espadas siguen en alto, por tanto, en un asunto que tiene precedentes, en los que, a diferencia de lo que ocurre ahora, la decisión tomada fue la de archivar las diligencias. Hubo, en efecto, otra denuncia por la pitada en la final de Copa de 2009, y el juez encargado del caso, Santiago Pedraz, le dio carpetazo en poco tiempo. La diferencia sustancial es que entonces la Fiscalía también estuvo a favor del sobreseimiento, considerando que lo sucedido en la final de Mestalla fue un ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Es evidente que el cambio de criterio se debe ahora a la evolución de los acontecimientos políticos en Catalunya. Al ordenar la reapertura de la investigación sobre la última pitada, la del Camp Nou, la sala penal lo dejó muy claro, porque su resolución subraya que “el ambiente institucional respecto a la independencia de Catalunya en el año 2009 es muy diferente al de 2015”. Y recalca que con ello alude a “las decisiones políticas de los órganos de gobierno de Catalunya que se han adoptado en los últimos dos años en orden a conseguir la independencia de Catalunya respecto a España”.

A resultas de la decisión de la Audiencia, la Fiscalía pide ahora que declaren los responsables de seguridad del FC Barcelona y de una serie de entidades, entre ellas Catalunya Acció y Catalunya Diu Prou, entre otras. Se trata de averiguar quién y cómo ordenó y ejecutó el reparto de “miles de silbatos” para ser utilizados en la pitada y quién permitió esa distribución. Y que nadie piense que este proceso judicial será breve, porque la Fiscalía ya ha pedido que el asunto se declare de especial complejidad, para permitir que la investigación se prolongue más allá del límite legal de seis meses de las causas normales.

11-V-15, J.M. Brunet, lavanguardia