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nos enterramos en nuestra basura (y no nos importa)

Incendi de l’abocador de pneumàtics de Seseña (Toledo)La existencia de vertederos ilegales en España ha dado pie a tres expedientes de la Comisión Europea (iniciados en el 2006, el 2011 y el 2015). El del 2006 está en fase de demanda; el del 2011 ya tiene fallo, y el del 2015, en fase previa, afecta a 61 vertederos de 11 comunidades (sólo se libran Catalunya, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja). El Ministerio sostiene que “ha articulado ayudas económicas para impulsar la adaptación de estas instalaciones” lo más rápido posible a la normativa. No obstante, subraya que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los responsable de la autorización, la inspección, el control y la sanción. Los fallos que han acabado en expedientes de la UE se explican “también porque el ministerio no ha hecho el seguimiento de estos incumplimientos ni ha adoptado un sistema de alerta temprana para avisar a los ayuntamientos cuando lo hacían mal”, dice Víctor Mitjans. “Las administraciones, a veces, se lavan las manos, porque la solución del problema comporta quebraderos de cabeza, buscar un nuevo vertedero o entrar en conflicto con la concesionaria. Es más fácil esconder la cabeza debajo del ala”, dice.

30-V-16, A. Cerrillo, lavanguardia

La mayor parte de los residuos municipales domésticos generados en España aún va a vertederos: el 55% según Eurostat, y más del 60% según otros expertos. El dato pone en evidencia el largo camino que aún queda por recorrer para incentivar el reciclado de materiales. El incendio de millones de toneladas de neumáticos sin reciclar en Seseña (Toledo) ejemplifica la mala gestión de los desechos, aunque en esta instalación se acumulaban sólo ruedas usadas sin esperanza de reaprovechamiento.

En España, las administraciones han preferido construir campos de fútbol, aeropuertos y otros equipamientos, mientras que el correcto tratamiento de la basura municipal ha sido relegado, según los expertos consultados. La recogida separada municipal de residuos “estaría en torno al 18,4%”, dice el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Sólo en Catalunya se recogen selectivamente de forma generalizada y se aprovecha la fracción orgánica, clave para reducir la necesidad de vertederos.

Un ejemplo flagrante de estas carencias ha sido la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de la UE, que ha condenado a España por el mal acondicionamiento de 30 vertederos de residuos municipales que no cumplían los requisitos de la directiva comunitaria de 1999. España tenía nueve años para adecuar los vertederos municipales a la legalidad europea introduciendo las correspondientes medidas (impermeabilización de suelos, tratamientos de aguas y lixiviados para no contaminar el subsuelo, recuperación del gas metano...), todo ello para evitar los impactos ambientales. Sin embargo, la adecuación de la instalación no se hizo en muchos casos al concluir el plazo en el 2008.

A lo largo de este proceso, muchos pudieron ser legalizados, pero 30 (19 de ellos en Andalucía) siguieron sin adecuarse, principalmente porque no reunían las condiciones que deben tener para ser clausurados (pues, tras su sellado, deben estar sometidos a control durante años...). El ministerio indicó a este diario que en 21 de estos vertederos las obras ya están concluidas, en cuatro finalizarán este año y quedará pendiente el acondicionamiento de los otros cinco antes de que acabe el 2017.

“En algunos casos, el vertido de residuos municipales aún se hace de forma incontrolada, en depósitos no autorizados o en vertederos clausurados de forma defectuosa”, dice Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción. Carlos Arribas se refiere por ejemplo al enterramiento de basuras clandestino en unas fincas agrícolas en Orihuela vinculadas a la planta de tratamiento de Abanilla (Murcia). “En el suelo se abrieron zanjas, se echó la basura, se tapó y se sembraron cítricos encima”, explica Arribas. En la planta de tratamiento de Abanilla se acogía la basura de los municipios cercanos a precios bajísimos, pero, como no había espacio ni capacidad de tratamiento, los desechos se desviaban hacia las fincas cercanas, donde se enterró la basura, según denunció Ecologistas en Acción. Cinco personas han sido imputadas por el juzgado de Cieza.

Otro problema detectado es el hecho de que frecuentemente el depósito de los residuos municipales se hace sin un tratamiento previo de estos materiales para reaprovecharlos (y reducir la carga que va a vertedero). Se estima que el 40% de la basura de la Comunidad de Madrid se lleva a vertedero sin que haya una selección o aprovechamiento previo adecuado (con lo que se incumple la directiva comunitaria de 1999), añade Carlos Arribas. Estos tratamientos previos pueden servir para recuperar materiales, producir compost u obtener biogás (con el que generar electricidad), entre otros.

Asimismo, Adega, una organización conservacionista de Galicia, ha denunciado en el Parlamento Europeo la “ineficiente” gestión y el incumplimiento de la directiva europea en el vertedero de basuras de Cerceda (próximo a A Coruña), en manos de la empresa semipública Sogema, adonde se llevan desechos municipales de toda Galicia. “Un 50% de la basura se quema en la incineradora, y la que no se puede quemar, que es el otro 50%, se lleva a vertedero sin tratamiento previo”, dice Fins Ereixas, portavoz de Adega. “Además, la incineradora no cumple los mínimos de eficiencia energética para ser considerada una verdadera planta de valoración energética” (destinada a producir electricidad), añade Freixas. Su bajo factor de rendimiento energético hace que sea equiparada por la UE a una planta de eliminación de residuos, por lo que los desechos deberían ser tratados previamente.

De la misma manera, la mayor parte de los residuos de Bizkaia que van a la planta incineradora de Zabalgardi no es sometida a un aprovechamiento previo, aunque en este caso la planta sí tiene un índice de rendimiento energético aceptable como para ser considerada una planta de valorización.

“En el conjunto de España, apenas se ha hecho inversión en plantas de tratamiento, con la excepción de Catalunya”, dice Carlos Arribas. Apenas se ha desplegado la recogida selectiva de la materia orgánica. Prácticamente, sólo Catalunya de forma generalizada, así como zonas del País Vasco, Baleares y pocos puntos más, recogen selectivamente y aprovechan la fracción orgánica.

“Las administraciones no han puesto sobre la mesa los instrumentos necesarios para garantizar el aprovechamiento de la fracción orgánica”, coincide Víctor Mitjans, director de estudios de la Fundació per a la Prevenció dels Residus. Fuentes de la Generalitat afirman que en Catalunya se han invertido unos 1.000 millones de euros en los últimos 20 años en instalaciones de tratamiento y en ayudas a los ayuntamientos para este fin. “En España no ha habido la misma preocupación; se ha dado prioridad a otro tipo de instalaciones”, sostiene Josep Maria Tost, director de la Agència de Residus de Catalunya.

Mientras que en España “más del 60% de lo recogida va a vertedero, en Catalunya hemos logrado recoger selectivamente más de 40.000 toneladas de materia orgánica al año del total de 3,3 millones de residuos”, añade.

Toda esta situación debe comportar nuevos esfuerzos de mejora, pues la directiva comunitaria obliga a reducir el volumen de desechos que van a depósito controlado. Concretamente, a más tardar, el 16 de julio de este mismo año, la cantidad total de residuos urbanos biodegradables (orgánica, papel y cartón) que pueden ser destinados a vertedero no puede superar el 35% de los residuos biodegradables que se generaban en el 1995. Y para el 2030, la UE estudia recortar ese porcentaje a un 10%.

El objetivo de la directiva europea de vertederos (1999) era garantizar que se cumplieran las condiciones técnicas para una correcta gestión de estas instalaciones. “Pero si se ha incumplido muchas veces, ha sido por la enorme separación que hay entre los dictados de Bruselas y las políticas municipales, especialmente los ayuntamientos más despoblados y alejados del centro de las decisiones”, dice Víctor Mitjans.

La presión social y política para favorecer la correcta gestión de los desechos se ha ido diluyendo a lo largo de la cadena. “En las comunidades autónomas donde no se ejerce presión para que los ayuntamientos actúen adecuadamente, nadie pide cuentas por la inacción”, dice Mitjans.

30-V-16, A. Cerrillo, lavanguardia

El vertedero de Seseña (Toledo) es el claro ejemplo de la política medioambiental que aún pervive en España: mucho hablar del medio ambiente mientras se permiten actuaciones injustificables. Ninguna administración puede decir que no sabía que en ese municipio (luego ampliado hasta Valdemoro, en Madrid) no estaba el vertedero de neumáticos ilegal más grande de España, con el peligro que ello conllevaba para la población del sur de Madrid en caso de incendio. Una década después de que ese c ementerio fuera declarado ilegal, los millones de ruedas aún seguían allí, y el fuego (intencionado) hizo lo que los ecologistas denunciaron una y otra vez ante la inacción de los gobiernos de turno, llenar el aire de partículas contaminantes. Las administraciones dicen que el aire que respiran los vecinos no es peligroso, pero los niños no han podido ir a los colegios durante días, les pican la garganta y los ojos, y la boca tiene un regusto extraño. Los ecologistas dan datos preocupantes: los niveles de benceno están disparados, así como las partículas en suspensión. Y no sólo en Seseña, también en otras poblaciones como Aranjuez o Fuenlabrada. Según Ecologistas en Acción, en la estación del colegio de El Quiñón (en la macrourbanización de El Pocero, a unos 600 metros del vertedero) se registró un pico de 102,98 mg/m3de benceno, con lo que se superó 20 veces el valor límite legal anual (5,1 mg/m3) y se triplicó el más alto registrado en todo el 2015 en España, en el entorno de la refinería de Puertollano). El valor medio diario más alto registrado en la Comunidad de Madrid en el año 2015 fue de 5,1 mg/m3. También en El Quiñón se anotaron picos muy altos de partículas en suspensión, de 390 mg/m3.

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