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ya son 100.000 los ciudadanos privados de poder votar

Un total de 96.418 españoles no pudieron votar el 20 de diciembre y tampoco lo harán el próximo 26 de junio. Entre ellos hay personas con alguna discapacidad intelectual en distintos grados, mayores con algún proceso degenerativo y enfermos mentales internados en un hospital psiquiátrico; los casos que contempla la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) en su artículo tercero. A todos ellos se les priva del derecho al sufragio activo porque un juez los ha incapacitado y de inmediato, sus nombres han salido del censo.

MI-VOTO-CUENTAEstamos hablando de casi 100.000 ciudadanos, la cifra más elevada registrada entre los años 2000 y 2015, y a la que ha tenido acceso El Confidencial a través de una solicitud de acceso a la información pública presentada el pasado 21 de octubre. La Oficina del Censo Electoral se negó a ofrecer estos datos por tener que reelaborarlos, pero este periódico recurrió y el Consejo de Transparencia falló a favor, con lo que con fecha del 11 de enero de 2016, enviaron un listado por provincias.

De los datos obtenidos no se puede obviar el crecimiento exponencial del 659% que ha tenido la población privada de voto durante los últimos 15 años, al pasar de 12.709 a 96.418 personas. El último dato público que manejaban las organizaciones registraba a 80.000 personas y se había conocido gracias a una petición de la Fiscalía a la Junta Electoral Central. ¿A qué se debe este aumento en las privaciones del voto en España?

A la espera de conocer la distribución de este grupo, tanto las organizaciones como los expertos coinciden en una posible explicación: el aluvión de sentencias totales de incapacidad solicitadas y concedidas con el ánimo de protegerles de abusos de todo tipo, incluidos los electorales. Por defecto, se ha tendido a incluir la privación del derecho al voto, con lo que a la larga se les ha quitado hasta el derecho más elemental de la ciudadanía, elegir a sus representantes.

¿Quiénes son los privados del voto en España?

Personas declaradas incapaces

Es el caso de Antonio José Toribio. Tiene 57 años, ha trabajado como funcionario y ordenanza gracias a las plazas públicas reservadas para personas con una discapacidad intelectual y pudo votar sin problema hasta 2011. Fue en ese momento cuando, con el fin de proteger su patrimonio, la familia solicitó una modificación en su capacidad jurídica y el juez consideró que debería recibir el apoyo de la Fundación Tutelar TAU. De manera sistemática, como sucede en otras sentencias de tutela e incapacidad, se incluyó expresamente que José Antonio quedaba privado de su derecho al voto, algo que de entrada ya le dio un disgusto.

"Yo me siento marginado y dado de lado; como español y como ciudadano", le dijo entonces José Antonio a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Estaba convencido de que podía votar "como cualquier otro ciudadano", y por eso ha colaborado de forma activa en un proceso largo y tedioso pero necesario: la restitución de su derecho de sufragio activo. Las asociaciones y fundaciones asesoran a quienes quieren recuperar su derecho al voto, pero en este proceso es clave el papel de la Fiscalía, que debe acreditar que la persona en cuestión debería estar habilitada para depositar su voto en una urna. 

Como revelan las cifras a las que ha tenido acceso El Confidencial, el caso de Antonio no es excepcional. Y de hecho la lucha de colectivos como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y Plena Inclusión (confederación anteriormente conocida como FEAPS) se remonta varios procesos electorales atrás, a través de campañas como #mivotocuenta y un proceso de pedagogía con los partidos para que se comprometan a reformar la LOREG. De hecho, CERMI ha convocado una concentración cívica el próximo 17 de junio en la Plaza de las Cortes para reivindicar el derecho al voto de las personas con discapacidad.

"Es que te puedes encontrar a dos personas con una misma situación biofísica, una tiene derecho al voto y la otra no porque se ha modificado su capacidad jurídica. No tiene ningún sentido porque la Constitución habla del voto libre, no de la calidad de ese voto", cuestiona Leonor Lidón Heras, delegada del CERMI para la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y añade: "Se dice que un discapacitado es influenciable, pero qué me dices de un chavalito de 18 años impregnado de las ideas de sus padres, ¿no es influenciable?".

Para Jesús López-Medel -jurista, exdiputado popular y expresidente de la Comisión del Congreso de Políticas integrales de Discapacidad- esta tendencia está cambiando en la sociedad por encima de la voluntad política. "En los últimos tiempos las familias están empezando a cambiar el chip y en lugar de incapacidad total la piden temporal, es decir; reconocen que su ser querido necesita asistencia para gestionar su dinero pero tratan de preservar todo lo posible el derecho al voto", explica.

"Muchos se sorprenderían con la capacidad que tienen algunas de estas personas para entender la política, lo que les interesa ver las noticias y la política, sobre todo gente con síndrome de Down. Saben quién es Rajoy y distinguen al señor de la coleta, y tienen más sentido común que muchos habilitados", añade López-Medel. En este plano, cabe destacar la paradoja de que en 2013 se eligiera a la primera concejala con síndrome de Down, Ángela Bachiller, mientras que decenas de miles de personas en esa misma situación no pudieran votar.

Los internados en un hospital psiquiátrico

En 2011, miles de ciudadanos argentinos internados en psiquiátricos pudieron ir a votar por primera vez en su vida. Todo, gracias a una reforma electoral promovida por el expresidente fallecido Néstor Kirchner y a la acción de distintas organizaciones sociales. En España hasta el momento ninguna voz de la sociedad civil ha planteado nada parecido y además, dice el constitucionalista de la Universidad Complutense de Madrid José Carlos Cano Montejano, tampoco es representativo de lo que podría pasar.

Estos ciudadanos representan "menos del 0,01% del cuerpo electoral", explica Cano Montejano. Pierden el derecho al voto en el momento en el que, antes de un internamiento en un centro psiquiátrico, la familia o alguna persona cercana plantea ese proceso civil de inhabilitación y el juez determina su incapacidad para poner en marcha negocios jurídicos, su privación de libertad y, en definitiva, una medida de seguridad que pasa por retirarle también el derecho al voto.

Los condenados que no podían votar... hasta 1995

El artículo 3 de la LOREG planteaba en su redacción, que se remonta a 1985, un grupo más que carece del derecho de sufragio: los condenados por sentencia judicial firme a una pena de privación del derecho de sufragio. Pero, explican desde el Ministerio del Interior, con el Código Penal de 1995 se decidió restringir solo el derecho al sufragio pasivo (ser elegido) y no el activo (poder elegir), de manera que se adecuó la ley electoral y desde hace más de dos décadas los condenados por algún delito pueden votar por correo, lo que reduce la participación entre reclusos al 5%.

"Aquí entró en consideración que votar es un derecho básico del núcleo duro de la ciudadanía, y afecta al derecho a la igualdad. De manera que con esta reforma se respetaba al ciudadano como parte del cuerpo electoral aunque se le aplicara el elemento punitivo de no poder presentarse como un candidato", plantea Cano Montejano, para quien esta cuestión es la clave del debate sobre los privados del voto.

http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-06-11/100-000-espanoles-sin-derecho-a-voto_1215313/