10 años después, ¿justicia para el accidente del metro de Valencia?
Diez años después del accidente de metro en Valencia, el 3 de julio del 2006, que causó la muerte de 43 personas, los familiares de las víctimas –que no se han dado un descanso en esta década en busca de justicia– empiezan a vislumbrar esperanzas. Ayer fue un día de recuerdo y homenaje a los fallecidos y a los cuarenta y siete heridos en ese accidente, pero también una jornada reivindicativa como pocas para exigir que se llegue hasta el fondo del caso. Los últimos pasos andados –tras dos carpetazos seguidos en las vías judicial y parlamentaria– han dado un vuelco el asunto. El Gobierno valenciano ha pedido, por fin, perdón a las víctimas, y las investigaciones judiciales y parlamentarias se han reabierto. El único que faltó en este señalado día de homenaje y recuerdo fue el Partido Popular, que era el que gobernaba en Valencia cuando varios vagones de unos de los convoyes que circulaban por la línea 1 (la más obsoleta de la ciudad) descarrilaron a pocos metros de la estación de Jesús.
El de Valencia sigue siendo, diez años después, el peor y más trágico accidente de metro registrado en España. Y lo ocurrido con la investigación del caso tampoco tiene parangón con ningún otro suceso de estas características. El Gobierno valenciano, presidido en aquella época por Francisco Camps, jamás asumió responsabilidades políticas por ese accidente. De hecho, nadie de la Generalitat dimitió a pesar de que todo el mundo parecía saber en Valencia de la precariedad de esa línea de metro por falta de inversiones.
La respuesta política del PP a la tragedia sólo hizo que enervar más a los familiares de las víctimas. Y por si eso fuera poco, en el 2010, la Generalitat decidió cambiar el nombre de la estación donde ocurrió el accidente, que dejó de llamarse Jesús para denominarse Joaquín Sorolla. La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J) interpretó el gestó como una nueva maniobra para enterrar el suceso en el olvido. Situación enmendada ahora por el actual Gobierno de Ximo Puig. La estación vuelve a llamarse desde ayer Jesús. “La Generalitat debía una reparación a las víctimas porque ellas siempre fueron dignas, lo que no puede decirse del gobierno de Camps”, afirmó Puig en la boca de la estación de metro rebautizada.
Rosa Garrote, presidenta de la asociación de víctimas, fue también especialmente dura con la nula voluntad de los populares valencianos en enmendar la postura sostenida todo este tiempo. “El PP se ha empeñado en acusar a todo el mundo de utilizar el accidente. A nosotros nos acusan de estar politizados, y al resto de los partidos, de intentar sacar rédito por defender nuestra causa”, afirmó. Pero lo cierto es que el gobierno de Camps dedicó muy poco tiempo a investigar lo ocurrido. En agosto del 2006, la comisión de investigación en las Cortes Valencianas por este asunto se cerró en un tiempo récord. Concluyó que el único culpable de lo ocurrido fue el conductor del metro (fallecido en el accidente) por circular al doble de la velocidad establecida a la entrada de esa estación. Ahora se está a la espera de conocer las conclusiones de una nueva comisión parlamentaria impulsada por PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos, que ayer sí acompañaron a los familiares de las víctimas en el aniversario. Esos partidos creen que la línea 1 del metro de Valencia no era segura y han señalado como responsables políticos de lo ocurrido a Camps y el exconsejero Juan Cotino, entre otros.
Garrote agradeció a los políticos presentes el giro que ha dado el caso. “Celebramos este aniversario –afirmó– con la tranquilidad de poder hacerlo con una reparación que ha tardado diez años, pero ha llegado. Hoy estamos con el alma un poco más tranquila y menos mortificada”. La presidenta de la asociación de víctimas pensaba, casi con toda seguridad, en la nueva causa judicial reabierta hace tres años por orden de la Audiencia de Valencia después de que el juez de instrucción fallará también que el único culpable de esas muertes fue el conductor del metro. En estas nuevas diligencias constan como investigados (antes imputados) hasta trece personas.
4-VII-16, red/agcs, lavanguardia