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¿retroceso en el poder de decisión de los enfermos?

Resultat d'imatges de voluntades anticipadas... escasa implantación de los documentos de voluntades anticipadas. Según la Enquesta de Salut de Catalunya, el 1,93% de la población ha hecho esta declaración. Según el registro, no tantos, sólo el 0,9%, aunque el 63% diga que quiere hacerlo. Y esto ocurre en la comunidad donde más está implantando este documento: el 30% de las declaraciones de voluntades anticipadas de España corresponden a Catalunya.

"De manera muy mayoritaria las personas suscriben el deseo de llegar a la muerte evitando el sufrimiento y descargando a la familia de las decisiones difíciles en este periodo; aún más, se valora como muy importante disponer de la vida y poder acabar con ella cuando se considere oportuno", indica un estudio sobre el uso en Catalunya del documento de voluntades anticipadas dirigido por Josep Maria Busquets, secretario del Comité de Bioética de Catalunya. Y añade: "Los resultados de la encuesta evidencian unos deseos que en ocasiones se olvidan en la práctica asistencial habitual, porque no todo lo que es posible siempre resulta conveniente".

El derecho reconocido en España se limita "a poder decir no a un tratamiento del que tu vida depende y si el sufrimiento es irreversible y está en fase terminal o muy avanzado", recuerda Fernando Marín, presidente de Derecho a Morir Dignamente en Madrid y una de las voces más críticas con la negativa de los sucesivos parlamentos a discutir estos derechos. Las leyes que reconocen la eutanasia en casos de enfermedad terminal, como las de Holanda, Suiza, Bélgica y varios estados de Estados Unidos, "permiten adelantar el final seis meses. Pero lo que plantea ahora Holanda es tener en cuenta a quienes tienen un sufrimiento sin ese plazo, quizá gente supervital que no quiere llegar a los pañales, algo que ocurre poco a poco. Casi la mitad de los que solicitan el pentobarbital para el suicidio asistido en Oregón no se lo toman, pero quieren tener esa puerta de salida".

... La aprobación el año pasado de un redactado nuevo en el artículo 9 de la ley de Autonomía del Paciente ha supuesto un retroceso en el derecho a rechazar un tratamiento vital. La reforma abre la posibilidad a que se lleve al juez la discrepancia entre médicos y representantes del paciente si es menor o en ese momento no puede expresar su opinión. La reforma dice que "la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses" ­como pedir que le retiren un respirador, por ejemplo­ "deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente".

17-X-16, A. Macpherson, lavanguardia