España, ¿enfermo crónico económico de la UE?
Ninguna de las decisiones tomadas por la Comisión Europea para castigar a España por violar deliberadamente su objetivo de déficit en el año 2015 ha sido convencional ni ortodoxa y tampoco lo ha sido la manera con que ayer intentó dar carpetazo al incómodo expediente. No se sanciona al país suspendiendo parte de los fondos estructurales asignados para el 2017 porque, a estas alturas, ya no hay nada que sancionar, concluyó ayer Bruselas.
El proceso arrancó con mal pie. En mayo, la Comisión abrió la vía a las sanciones pero intentó, al mismo tiempo, dar dos años extras al Gobierno español para corregir la desviación, una maniobra que los ministros de Economía europeos le obligaron a corregir. Luego, en julio, concluyó que España había violado a conciencia sus metas fiscales pero en el último momento optó por no imponer una multa que podría haber alcanzado los 2.000 millones de euros, decisión que tal y como preveía Jean-Claude Juncker, los ministros de Economía europeos respaldaron, por mucho que algunos le reclamaran dureza.
Con todo, la normativa caóticamente estrenada con España y Portugal prevé que llegados a este punto haya “automáticamente” una propuesta para congelar parte de los fondos estructurales asignados para el próximo año, anulable si el país adopta “medidas efectivas”. Bruselas se resistía a poner sobre la mesa una cifra de ayudas afectadas por el castigo (podrían haber sido 1.200 millones), porque ya había concluido que el Gobierno español en funciones ha actuado como se le pedía con el bloqueo del gasto y las retenciones fiscales anticipadas a las grandes empresas, y así lo declaró ayer. La salida al laberinto político en que se ha metido la Comisión ha sido declarar “en suspenso” el procedimiento por déficit excesivo y dar por inexistente la infracción original. “El hecho que requería una propuesta de la Comisión para suspender parte de los fondos estructurales y de inversiones europeos ya no está presente y no habrá tal propuesta”, afirma el documento aprobado por el colegio de comisarios.
“Es lo que se esperaba y es una buena noticia para España y Portugal”, declaró el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Fuentes comunitarias aseguran que la decisión se ha tomado de forma concertada con el consejo de ministros europeos de Economía y no habrá problemas.
La actitud de Bruselas con España y Portugal se enmarca dentro de una estrategia política más amplia con la que Juncker pretende limitar el desgaste político de la institución, en especial en un contexto tan delicado como el actual, aunque internamente le puede pasar factura (Berlín no deja de cuestionar la autoridad e independencia de la Comisión en el control presupuestario). El Brexit ya pesó en julio en la decisión de no castigar a España. Ahora influyen también la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y la celebración de elecciones en Francia la próxima primavera.
17-XI-16, B. Navarro, lavanguardia