Secretos Oficiales: un país sin acceso a su propia documentación
El periodismo es una profesión sencilla que explica un mundo complejo. Su forma favorita de hacerlo son las historias (en inglés story), que convierten en novela lo ocurrido, es decir le dan sentido, sobre todo moral. Otro pecado de distorsión, menos grave, es la pura simplificación y la tentación de la épica de la historia (la que en inglés es history). El Congreso aprobó esta semana modificar unos pocos artículos de la ley 9/1968 de 5 de abril, o ley de Secretos Oficiales –modificada por la ley 48/1978, de 7 de octubre– para subsanar una de sus antiguallas: no fijaba criterios objetivos de desclasificación. La reforma aprobada a propuesta del PNV prevé un plazo automático de desclasificación de 25 años para el material secreto y de 10 para el reservado.
Los periodistas hacemos una resta, eso sabemos, y concluimos que se desclasificará todo lo anterior a 1991: la República, la Guerra Civil, la represión, el franquismo, la transición, los intentos de golpe de Estado como la operación Galaxia, el 23-F (y la operación Armada), pero también el terrorismo de Estado. Un festín. Solo que la realidad se aviene mal con los escasos tipos de un titular. Cuando alguien se duele por la insuficiencia de expresarse en un tuit, siempre hay un periodista que suspira: quién pillara 140 caracteres para un titular.
A pesar de que la propuesta del PNV no tuvo votos en contra –quizá porque lo mejor es enemigo de lo bueno–, varios diputados expresaron lo perentorio de la reforma integral de una ley de secretos redactada al servicio de una dictadura que tenía mucho que callar. Entre tanto, la reforma parcial puede tener poco efecto, según los investigadores, toda vez que sobre la custodia y acceso a los documentos de la administración rigen, además de la citada, leyes como la de Protección de Datos (1999), la de Patrimonio Histórico Español (1985), la de la Memoria Histórica (2007) y las de Transparencia (2013 y 2016). Pero también, un acuerdo secreto –tanto que ni se informó ni apareció en el BOE– del Consejo de Ministros de octubre de 2010 por el que se clasificaban como secretas 14 materias de Exteriores. La idea fue del ministro Miguel Ángel Moratinos, asustado con las indiscreciones a granel de Wikileaks. Su sucesor, José Manuel García-Margallo, rectificó la decisión, que había supuesto un cerrojazo a la información desde tiempos de Maricastaña y había puesto en pie de guerra a investigadores españoles y extranjeros. Y luego están los 10.000 legajos de Defensa que la ministra Carme Chacón estuvo a punto de desclasificar en 2011. Pero no lo hizo, y su sucesor, Pedro Morenés, los devolvió al cajón.
Este barullo legal –que a menudo deja a los investigadores al arbitrio del humor del archivero– explica también los agujeros que aún arrastramos. El economista, historiador y diplomático Ángel Viñas, uno de los que más profusamente ha estudiado el franquismo, pone algunos ejemplos: “No sabemos mucho sobre la trama civil de la conspiración antirrepublicana. Se ignora la documentación que conservaron, entre otros, Franco y Mola, de antes del 18 de julio. Para la Guerra Civil, ¿dónde están los cuadernos de Mola? ¿Y la documentación del primero? (No me refiero a la que custodia la Fundación Francisco Franco). ¿Qué pasó con la documentación del ministerio de Orden Público?”. Y la lista de Viñas sigue con el Alto Estado Mayor, los ministerios militares y de la Gobernación, la etapa de Serraño Suñer en Exteriores...
El problema es que ninguna ley puede localizar lo extraviado o materializar lo destruido. El historiador Francisco Espinosa recuerda que son muchos los altos cargos que durante el franquismo se llevaron los papeles a casa, y menciona al general Yagüe, pero también recuerda la orden de Rodolfo Martín Villa, en la incipiente transición, de destruir toda la documentación del Movimiento, provincia por provincia, o las piras que algunas prisiones provinciales organizaron con documentos de la represión.
Y a esta montaña de inconvenientes cabe añadir otro elemental: en Alcalá de Henares están las sedes del Archivo Histórico Nacional (legajos hasta 1931) y Archivo General de la Administración (de 1931 en adelante). Allí, cuentan, hay tanto material catalogado como pendiente de catalogación ( Espinosa lo compara con el plano final de Ciudadano Kane), pero el personal se ha reducido a una octava parte en la última década. Entran legajos más deprisa de lo que se catalogan.
Con este panorama, no extraña el escepticismo de Espinosa, ante la reforma pretendida: “Pero si hay papeles sobre la destrucción de la República que todavía no nos dejan ver, ¡cómo te van a dejar ver lo de la transición! Yo no me lo creo”.
04/12/2016 - lavanguardia