Polonia, en manos de la dictadura nacionalcatólica
Polonia entra en las fiestas navideñas y en el Año Nuevo en medio de una gravísima crisis política, con pasiones desatadas, un Parlamento paralizado y sin fácil solución a la vista. En poco más de un año en el poder, el régimen nacionalista ha conseguido poner en entredicho casi todo lo que Polonia había conquistado hace 27 años al derrotar el comunismo: las libertades, la democracia liberal y el Estado de derecho.
Ausente la generación de protagonistas y padres fundadores de la transición democrática y la independencia que hace 30 años cerraron filas con Lech Walesa y el sindicato Solidaridad para acabar con el comunismo, Polonia se aboca a un futuro tenebroso con un régimen autoritario dirigido por un caudillo en ciernes, Jaroslav Kazinsky, líder del partido Ley y Justicia, una fuerza nacionalista y católica ultraconservadora que aleja a Polonia de los valores esenciales de la UE.
La semana ha sido de mucha tensión. Miles de personas en toda Polonia han atendido la llamada del Comité para la Defensa de la Democracia y han salido a la calle para protestar contra el Gobierno. Esta “huelga ciudadana” se inició el martes. Los manifestantes llevaban retratos de las víctimas de hace 35 años, cuando el régimen comunista decretó la ley marcial para frenar el movimiento democrático.
El Gobierno reaccionó con cautela. Kazinsky sabe que no está sobre terreno sólido cuando se habla de la lucha contra el comunismo. A diferencia de otros líderes comunistas, él no fue detenido. El jueves ordenó desmontar las barreras con la que había “protegido” el Parlamento, y la gente que, desafiando el frío, había protestado día y noche, se fue a casa a ultimar las compras de Navidad.
El miércoles, la Comisión Europea había dado a Polonia dos meses para variar de política y rectificar el rumbo autoritario. En caso de no cumplir, perderá derechos de voto.
El proyecto de ley para regular la libertad de reunión está en el punto de mira de Bruselas. Si esta ley se aprueba como está redactada –y es muy fácil, dado que el Gobierno tiene mayoría absoluta en las dos cámaras del Parlamento–, la oposición no podrá organizar más protestas en la calle.
Un grupo de diputados de la oposición está decidido a ocupar la Cámara de Diputados durante las fiestas, hasta que el pleno se reúna en enero. Exigen que se anulen los presupuestos, que el Gobierno nacionalista aprobó sin debatirlos, en una sesión a puerta cerrada en la que, incluso falsificó la lista de asistentes.
El Ejecutivo, sin embargo, no hace caso y anuncia represalias. Se sabe inmune a las protestas y a la ley después de que haya anulado el Tribunal Constitucional, el último contrapeso a su poder absoluto.
La lucha por la democracia en la Polonia de los años ochenta fue admirada en todo el mundo. Los polacos que recuerdan aquellos tiempos que culminaron en 1989 con la caída del régimen comunista no salen ahora de su asombro al ver cómo en los pasados 14 meses un gobierno salido de las urnas ha conseguido demoler la democracia liberal y el Estado de derecho. El régimen nacionalista de Ley y Justicia ha convertido la mayoría parlamentaria en una implacable máquina de aprobar todo lo que ordena Kaczynski, y lo hace como si fuera una apisonadora, sin molestarse en debatir las propuestas o consultar a expertos. El Gobierno atropella sin miramientos la Constitución y los mecanismos de control.
Jaroslaw Kaczynski, que entre el 2005 y el 2007 fue primer ministro, hoy no tiene ningún cargo oficial. Dirige el país desde la jefatura de Ley y Justicia. Su rechazo a la democracia liberal es público y notorio. Su modelo es la Hungría de Víktor Orban.
Una caricatura de Jaroslav Kaczynski, comparándolo con el líder comunista Wojciech Jaruzelski, que impuso la ley marcial en 1981 (AFP)Apartado del poder en las elecciones anticipadas del 2007, Kaczynski está ahora decidido a atar todos los cabos del poder.
Los comicios de octubre del 2015 los ganó tras una campaña basada en el lema “Polonia en ruinas” y en la denuncia del supuesto atentado terrorista en Smolensk. En realidad, como dictaminó una comisión de expertos, fue un accidente aéreo ocurrido en el 2010. Fallecieron el presidente Lech Kacynski, hermano gemelo de Jaroslav, y otras 95 personas cuando el avión presidencial se estrelló en esta ciudad rusa por culpa de la niebla. El régimen, sin embargo, habla de una conjura del Kremlin contra Polonia y utiliza esta tragedia para atizar el miedo de la sociedad polaca al gigante ruso, estrategia que le permitió ganar las elecciones con amplia ventaja.
Nada más tomar el poder hace poco más de un año, Jaroslav Kaczynski se apresuró a neutralizar el Tribunal Constitucional con una nueva ley y nombró a tres jueces en sustitución de otros tres elegidos legítimamente, pero que no eran de su obediencia. El Tribunal, cuyas sentencias son vinculantes, tumbó la reforma, pero Kaczynski ordenó al Gobierno que no la acatara. El Parlamento tiró adelante y utilizó su rodillo para destituir al presidente del Constitucional, el “rebelde” Andrzej Rzeplinski.
Anulado el Alto Tribunal, los nacionalistas han promulgado una avalancha de medidas que coartan las libertades ciudadanas y aumentan el poder del Ejecutivo. Han copado el cuerpo de funcionarios con una purga masiva, que ha llegado hasta los museos y los teatros. Lo mismo han hecho con los medios de comunicación públicos, que se han transformado en instrumentos de propaganda. Han acabado con la independencia del poder judicial. Han dado más poder de vigilancia a la policía. Han llenado las empresas públicas con directivos incompetentes pero leales que han financiado proyectos políticos sin sentido empresarial. Han coartado la libertad de los campesinos de disponer de sus tierras. Por último, se disponen a limitar el derecho de reunión y manifestación.
El régimen cuenta, asimismo, con un cuerpo paramilitar de “defensa territorial”, que tiene poderes para velar por “la seguridad interna”. Depende del ministro de Defensa, que a la vez ha despedido a los más experimentados altos oficiales.
Su próxima reforma afectará a la educación. La escuela moderna, implantada durante los últimos 20 años, será sustituida ahora por una nacionalista.
El Gobierno ha llegado incluso a purgar a los mejores expertos en la cría de caballos árabes del mundo en Janow Podlaski. Tampoco ha vacilado en decretar la tala de Puszcza Bialowieska, el bosque más antiguo de Europa
El régimen trata a Polonia como tierra ocupada y se abroga derechos ilimitados de conquista. Sólo en dos ocasiones se ha echado atrás. Primero, el pasado septiembre, cuando cientos de miles de mujeres salieron a las calles para protestar contra la prohibición absoluta del aborto. Y segundo, cuando pretendió expulsar a la prensa del Parlamento a fin de que la opinión pública no se entere de su conducta autoritaria, lo que provocó una indignación general.
La estrategia política de Kaczynski va acompañada de una campaña de acoso y derribo contra los disidentes. Los portavoces de Ley y Justicia los tachan de “enemigos de la nación”, polacos “de la peor calaña”, “traidores”, “agentes comunistas”, “ladrones”, “apátridas”, “malhechores”, “gamberros” y “golpistas”, insultos que evocan los peores tiempos del comunismo.
Kacynski está prácticamente rompiendo con la Unión Europea. Se ha negando a admitir refugiados, se niega a las políticas integradoras de Bruselas y desprecia todas las críticas a su conducta como intromisiones.
El régimen nacionalista de Ley y Justicia cuenta con el respaldo explícito y a veces entusiasta de la Iglesia católica del país, que, olvidando su vocación europeísta y de defensa de las libertades del hombre frente al poder, se ha volcado en respaldar el autoritarismo.
“Si el régimen no se detiene, habrá que hacer lo posible para apartarlo del poder cuanto antes”, afirmó hace unos días Lech Walesa.
24/12/2016 - lavanguardia
En la vida pública de hoy en día en Polonia pocas cosas chocan tanto como el contraste entre la frecuencia ritual con que los obispos católicos ponen estatuas y declinan el nombre del papa Juan Pablo II y la ausencia del magisterio y legado de este en su prédica y práctica diaria. A los once años de la muerte del cardenal Karol Wojtyla, quien, erigido a Pontífice en 1978, fue durante 25 años una autoridad espiritual y moral no sólo para la Iglesia católica sino para muchos compatriotas no creyentes, el Papa polaco es icono, pero no maestro.
Pocos dudan del papel clave que la Iglesia tuvo en alentar la resistencia espiritual y la derrota del régimen comunista, cuando Juan Pablo II desde el Vaticano y los obispos dentro del país exigían la libertad de la persona frente al poder comunista, así como la independencia, la democracia y el pluralismo. Es notorio también su protagonismo como facilitador y mediador en las negociaciones entre el régimen comunista y Solidaridad, que en 1989 pusieron en marcha una transición democrática victoriosa, modélica y tan admirada en todo el mundo como la española veinte años antes.
Clave para aquella transición fue el espíritu de libertad y tolerancia, pluralismo y solidaridad, compasión y afán de amparo al prójimo oprimido y débil con el que el Papa y los obispos polacos acompañaron las difíciles reformas que condujeron finalmente Polonia a la Europa unida.
Hoy, la mayoría de los obispos polacos está en las antípodas de aquella postura. La jerarquía católica, que durante los últimos años denunció el gobierno liberal como anticristiano y antinacional, acompaña ahora la propaganda ultranacionalista sobre el atentado de Smolensk basada en la mentira y el odio. El año pasado, en consecuencia, saludó el triunfo electoral de Ley y Justicia. Viendo a esta Iglesia, muchos polacos creyentes, algún que otro obispo y no pocos sacerdotes rasos expresan desánimo y contrariedad.
Estas mujeres protestan en Varsovia contra el proyecto de ley que pretende prohibir el aborto bajo cualquier circunstancia (Getty)Provoca su indignación ver el Gobierno nacionalista en pleno profiriendo loas en la fiesta del aniversario de la emisora Radio María, dirigida por el militante padre Tadeusz Rydzyk, ostentando su militancia política y su credo nacionalista y antisemita, sin que se levante ninguna voz de reserva o crítica por parte de la jerarquía católica.
Nadie parece acordarse ya de que fueron Juan Pablo II, el cardenal y primado Jozef Glemp y mas tarde Benedicto XVI quienes enviaron repetidas cartas al episcopado polaco pidiendo que se frenaran los excesos impíos y beligerantes del padre Rydzyk.
“La Iglesia hace el tonto al apoyar el Gobierno nacionalista”, afirma el padre y profesor de Ética Alfred Wierzbicki, exdirector del Instituto Juan Pablo II de la Universidad Católica KUL de Lublín. “La Iglesia cayó rehén del Gobierno cuando este atacó el Tribunal Constitucional. Juan Pablo II enseñaba que la democracia se basa en valores. La Iglesia ayudó a fundar la democracia en Polonia y debe defenderla. Hoy, los obispos no cumplen. No comprenden lo que es la democracia. Se han dejado arrastrar hacia un partido político. La Iglesia necesita penitencia por ello. Es una gran pérdida para mí como creyente y como sacerdote”.
Pero la mayor derrota de los obispos ha sido su incapacidad de defender la causa de los refugiados sirios. Algunos obispos, así como el episcopado en pleno, se han pronunciado a favor del deber moral de todo cristiano de socorrer a las víctimas de la guerra. También ha pedido corredores humanitarios para admitirlos en Polonia. Estas medidas, sin embargo, fueron rechazadas por el Gobierno nacionalista. La Iglesia, entonces, optó por callarse sin reparar en su flagrante divorcio con la postura del papa Francisco.
Cuando hace una semana la Comisión Europea publicó el informe que demostraba que Polonia y Hungría son los únicos países miembros de la Unión Europea que no han aceptado ni a un solo refugiado, el silencio del Gobierno y de la Iglesia fue unánime y también ensordecedor.
24/12/2016 - lavanguardia
Bruselas y Varsovia llevan un año intercambiando cartas que arrancan con un “honorable presidente” o un “estimados ministros”. No son, sin embargo, cartas de amor, sino que abordan la situación de la democracia en Polonia. Desde la llegada al poder en otoño del 2015 del partido ultranacionalista Ley y Justicia (PiS), Polonia se ha convertido en uno de los problemas más complicados e incómodos para la Comisión Europea. Lejos de amilanarse por la presión de Bruselas, que considera algunas de sus reformas una auténtica amenaza para el Estado de derecho, el Gobierno polaco ha desoído sus recomendaciones y sigue desafiando a Europa mientras ahonda en su particular agenda política.
En Bruselas cunde la alarmam pero hay también una fuerte sensación de impotencia. La alternativa a este diálogo de sordos es todavía demasiado explosiva: iniciar el procedimiento para privar a Polonia de sus derechos de voto, pero ya no se descarta nada. La Comisión ha enviado esta semana “recomendaciones adicionales” al Gobierno que dirige Beata Szydlo para que resuelva el conflicto en torno al Tribunal Constitucional (TC) del país, empeorado por la decisión de reemplazar a su presidente sin antes resolver los problemas pendientes en cuanto a su composición y la publicación de sentencias.
“Sigue habiendo una amenaza sistémica para el Estado de derecho en Polonia que debe ser abordada con urgencia”, “un problema persistente con el Estado de derecho”, afirmó Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, al anunciar la decisión. “La independencia de la judicatura es indispensable para el funcionamiento de nuestras sociedades o el mercado interior”, recalcó. Varsovia tiene dos meses para responder a las inquietudes de Bruselas, que le pide, entre otras cosas, que aplique dos sentencias del TC contrarias a su reforma y permita que los tres jueces nombrados en octubre del 2015 puedan ocupar sus puestos y que ponga fin a la parálisis de la institución, cuyas sentencias no publica.
El paso forma parte del Mecanismo sobre el Estado de Derecho con que cuenta la Unión Europea para velar por la salud de la democracia en los estados miembro y alentar cambios a través del diálogo sin tener que llegar a apretar el botón nuclear de las hipotéticas sanciones. Se adoptó en el 2014 a raíz de una frustrante experiencia con la Hungría de Víktor Orban –un modelo para Jaroslav Kaczynski, líder del PiS– y está estructurado en tres fases. La Comisión lo estrenó en enero de este año con Polonia, alarmada por varias decisiones del Parlamento, y ha avanzado hasta la segunda fase con resultados prácticamente nulos.
Estos manifestantes antigubernamentales y proeuropeos cantan el himno nacional polaco el pasado día 17 en Varsovia (AP)El procedimiento ha inflamado la retórica ultranacionalista del Gobierno polaco, que se presenta como víctima de Bruselas y ha desoído los puntos clave de la primera recomendación formal emitida en julio. Szydlo ha respondido que “carece de base”, tiene “motivaciones políticas” y que aplicarla iría contra la Constitución. Ante la falta de resultados, Timmermans publicó este verano una carta abierta al pueblo polaco en la que explica su versión y asegura que no le dejará en la estacada ante la merma democrática que vive su país.
La preocupación europea ha ido a más en las últimas semanas. En paralelo a la renovación de la presidencia del Constitucional, el Gobierno ha tomado medidas para limitar la entrada de la prensa a la institución, inspirándose supuestamente en que la sala de prensa del Parlamento Europeo tiene menos plazas que periodistas acreditados. La medida ha sacado a miles de personas a las calles esta semana, y el Gobierno ha optado por dejar en suspenso la restricción.
La Comisión Europea ha dilatado todo lo que ha podido los plazos para dar tiempo a Varsovia a reaccionar, pero poco a poco se va quedando sin margen de maniobra. En su última recomendación al Gobierno polaco, Timmermans recuerda que la regulación europea prevé pasar directamente al artículo 7 del tratado, que incluye la suspensión del derecho de voto de un país en caso de un “riesgo claro de violación grave” de los valores de la Unión, sin esperar a que responda a su misiva. “No excluimos ninguna medida –advierte el vicepresidente de la Comisión Europea–, pero cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él”.
La cautela de Bruselas se explica tanto por lo delicado del fondo del asunto como por el temor a que el proceso quede finalmente en agua de borrajas. La decisión de suspender el derecho de voto no la toma la Comisión Europea sino el Consejo Europeo, la institución formada por los jefes de Estado y de Gobierno, y precisa de la unanimidad de los otros 27 países. Hace tiempo que Orban ya ha dicho que no apoyará semejante propuesta, que considera una injerencia inaceptable en los asuntos internos del país.
Ambas instituciones se juegan con este caso su credibilidad como garantes del Estado de derecho en Europa. “La Comisión debería pasar la patata caliente a los estados miembro y dejar que sean ellos los que decidan”, afirman fuentes diplomáticas. Según este razonamiento, el Ejecutivo comunitario debería llegar hasta donde legalmente puede para defender la democracia y no pensar en términos políticos, como ya hacen los gobiernos.
“Sentimos una fuerte solidaridad con el pueblo polaco, que como todos los europeos tiene derecho a una auténtica separación de poderes (...) No vamos a dejar pasar este caso”, aseguró Timmermans este miércoles al anunciar la ampliación de las recomendaciones a Varsovia. “Todavía es posible encontrar una solución, aunque la experiencia de los últimos meses –admitió– no invita al optimismo”.
Beatriz Navarro, 24/12/2016 - lavanguardia