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movimiento antinuclear ibérico

El movimiento antinuclear vuelve a cobrar fuerza en la Península. Ahora, la batalla se centra en la nuclear de Almaraz (Cáceres), la próxima central que aspira a prorrogar su vida útil más allá de los 40 años. Decenas de personas se manifestaron el sábado frente al consulado de España en Lisboa para pedir el cierre de la central nuclear española. Activistas de Greenpeace y Ecologistas en Acción así como organizaciones portugueses participaron en la protesta, que tuvo lugar en la céntrica Avenida da Liberdade. Las pancartas pedían el cierre de la planta al grito de Nucleares no, renovables sí. El acto supuso la clausura de la conferencia internacional celebrada por iniciativa del Movimiento Ibérico Antinuclear. El permiso concedido a Almaraz ha causado un gran rechazo en Portugal, donde esta instalación es vista como un posible foco de peligro para la seguridad y el medio ambiente. Los temores se alimentan de la idea de que un vertido radiactivo al Tajo alcanzaría incluso a la capital lusa.

Ecologistas españoles y portugueses se manifestaron conjuntamente en Lisboa justo cuando el Gobierno de Portugal acaba de presentar una queja ante la Comisión Europea contra España a raíz del proyecto de construcción de un almacén de residuos radiactivos en la nuclear de Almaraz . El asunto ha causado un roce diplomático entre ambos países. El Gobierno luso ha presentado la queja porque el Ministerio de Energía español ha dado luz verde al citado almacén, situado a 100 kilómetros de la frontera, sin que haya sido consultado al ejecutivo portugués. La declaración de impacto ambiental del almacén fue aprobada el 7 de diciembre por un Gobierno en funciones y la queja se envió el 16 de enero.

El gobierno portugués alega que España ha autorizado el almacén nuclear sin haber hecho una evaluación previa del impacto ambiental transfronterizo, como exige la legislativa europea (directiva comunitaria sobre evaluación de los proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, o el tratado de la UE). “No esperamos que no haya otra resolución que no sea que la Comisión Europea nos dé la razón y determine que España debe hacer esta evaluación”, señaló hace unos días el ministro de Medio Ambiente portugués, Joao Matos Fernandes. Por su parte, el ministro de Asuntos Extranjeros, Augusto Santos Silva, también expresó su malestar a la prensa argumentando que en los contactos previos mantenidos con España salió el compromiso de que Madrid no tomaría ninguna decisión sin hablar antes con Lisboa.

Manifestación antinuclear el pasado sábado frente al consulado de España en Lisboa Manifestación antinuclear el pasado sábado frente al consulado de España en Lisboa (EFE)

El almacén de residuos radiactivos de Almaraz, de unos 2.600 m2, debería acoger únicamente los desechos de la propia central extremeña y de manera temporal, pues, como se sabe, el plan del gobierno español es construir en Villar de Cañas (Cuenca) un almacén permanente para acoger los desechos de larga actividad de todas las nucleares del país.

Los grupos ecologistas que participaron el sábado en la concentración expresaron su apoyo al Gobierno luso, pero sobre todo pedían que no se amplíe la vida útil de Almaraz. Las protestas refuerzan una batalla estratégica que es clave en la campaña contra las nucleares, ya que el Gobierno de Mariano Rajoy está dando todas las facilidades para prorrogar la vida de estas plantas más allá de los 40 años de vida útil.

Los reactores de Almaraz I y Almaraz II entraron en funcionamiento en 1981 y 1983, y verán acabado el permiso de explotación en el 2020, por lo que sus propietarios (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) han expresado su deseo de renovar la licencia. La central podría ser por tanto la punta de lanza (junto a Garoña) para prorrogar la vida de las nucleares hasta los 60 años. “El nuevo almacén va a servir para alargar la vida a la planta”, sentencia Raquel Montón, de Greenpeace.

Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de alzada contra el almacén y llevará el asunto a los jueces si no se atiende su petición o si no le imponen fianzas judiciales excesivamente costosas para seguir en la causa, explica Francisco Castejón, portavoz de esta entidad. El problema es que si la UE obliga a hacer una nueva evaluación ambiental del almacén temporal, la “decisión puede llegar cuando las obras ya estén empezadas”, alerta Castejón.

6-II-17, A. Cerrillo, lavanguardia