permanente represión tras 35 años de ocupación del Sahra occidental
Nueve condenados a cadena perpetua y quince a penas que oscilan entre los dos y los treinta años de prisión. La Corte de Apelaciones marroquí de Salé pronunció el pasado miércoles su sentencia contra varios saharauis, acusados de los sucesos ocurridos en noviembre del 2010 en el campo de refugiados de Gdim Izik, cerca de El Aaiún, donde murieron 13 personas, 11 de ellas miembros de las fuerzas de seguridad, durante su violento desmantelamiento.
La Corte civil rectifica las sentencias de los tribunales militares, que habían sentenciado a todos los implicados a entre 20 años y cadena perpetua. La Corte ha analizado la implicación personal de cada uno de los acusados en unos sucesos en los que se produjo “premeditación y una gran violencia que se tradujo en la mutilación de varios cadáveres”.
El Gobierno saharaui rechazó las duras condenas, exigió la inmediata liberación de los acusados y responsabilizó a Marruecos “de la situación actual en el Sáhara Occidental”. También llamó a las organizaciones internacionales y las asociaciones de derechos humanos a “presionar al ocupante” y conseguir la liberación de “todos los presos políticos saharauis”.
La Fiscalía marroquí acusa a los condenados de haber organizado una “banda criminal” para montar el “campo de refugiados ilegal de Gdim Izik, engañando para ello a cientos de personas que se desplazaron a la zona de buena fe”. Un plan “diseñado en contacto permanente con un país extranjero (Argelia), del que recibieron ayuda decisiva”. Tras diez días de advertencias, las fuerzas marroquíes desalojaron de forma violenta el campo con un resultado de dos saharauis y 11 marroquíes muertos.
Medios informativos cercanos al Gobierno marroquí se esfuerzan desde el miércoles en acumular testimonios de juristas internacionales, presentes en el juicio, en los que se pone de manifiesto la “limpieza y equidad” con la que se ha actuado.
La publicación de las condenas añade petróleo al incendio permanente entre Marruecos y el Frente Polisario. Uno de los incidentes más graves se vivió en agosto del 2016, cuando miembros de la Gendarmería Real marroquí atravesaron el muro por primera vez y entraron en la franja desmilitarizada de Guerguerat, en el extremo sudoeste del Sáhara Occidental, una zona tampón establecida con el acuerdo de alto el fuego, vigente desde 1991.
El nuevo líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, quiso demostrar su control de la situación enviando a fuerzas del Polisario a la zona. Unos y otros estuvieron a punto de abrir fuego cuando ambos bandos se encontraron a menos de 120 metros de distancia.
Durante seis meses la situación se enquistó en un cara a cara contenido que podía estallar en cualquier momento. La misión del Consejo de Seguridad de la ONU (Minurso) se interponía de día entre los contendientes, pero se retiraba de noche, cuando cualquier cosa podía suceder. Finalmente la intermediación del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, consiguió arreglar el conflicto. Mohamed VI dio marcha atrás y retiró a sus gendarmes. El Polisario hacía lo propio varias semanas después.
Cuando ya se han cumplido 25 años de los primeros campos de refugiados saharauis, nada parece indicar que el conflicto esté en vías de solución. Los esfuerzos de los enviados de la ONU han resultado baldíos, y el Sáhara ha caído en el olvido de la comunidad internacional. Marruecos ha aprovechado la situación para olvidar todas sus promesas. El referéndum entre los saharauis nunca llegará a realizarse, y las promesas de autonomía han sido aparcadas. A cambio, se ha incrementado la llegada de marroquíes a El Aaiún, las visitas reales y también la inversión para atraerse la voluntad de los ciudadanos de un Sáhara Occidental olvidado por todos.
23-VII-17, A.S. Ruiz, lavanguardia