‘Desproporción’ es la palabra que más se oye en las calles navarras al hablar del asunto. El traslado del caso a la Audiencia Nacional y su calificación como un delito de terrorismo escuecen en un escenario en el que se cumplen ya seis años del cese de ETA y medio desde que la banda anunció su desarme. Un juicio que se considera bajo dictámenes de otra época y que se ha comparado con agresiones similares en otras regiones, saldadas con meras multas e indemnizaciones. El debate en la calle está también en el parqué político y, desde el inicio del caso, el posicionamiento del Gobierno navarro ha sido claro, una discrepancia que comparten la Audiencia del territorio y el Parlamento foral.

Tres de los ocho jóvenes encausados en Alsasua permanecen en prisión preventiva desde hace un año (EFE)

“No fue una pelea de bar -explicó la semana pasada la presidenta navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai)- sino una agresión: debe tener su respuesta en el ámbito penal”. 83 alcaldes de Navarra y Euskadi, entre los que aparecen los de Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona, también han defendido esa posición, una opinión que quedó suscrita en un documento que reclamaba “proporcionalidad” y devolver el caso al Tribunal de Navarra, algo que no sucedió.

Esa visión extendida en el territorio choca con la interpretación del fiscal, quien encuadró la agresión en un bar a un teniente, un sargento y a sus respectivas parejas como terrorismo “en concurso con atentado, lesiones y un delito de odio”. En su acusación, considera que los hechos sucedieron en el marco de la campaña ‘Alde Hemendik’ (Fuera de aquí) contra los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, una estrategia que vincula con ETA y que, subraya, busca “crear miedo y rechazo entre la población” a los agentes.

Para los letrados de los acusados, no hay ningún tipo de vínculo entre estos y ‘Alde Hemendik’ y denuncian “juego sucio”. “Para estos chavales, ETA es historia”, denunciaron la semana pasada. En noviembre de 2016, la jueza instructora Carmen Lamela –la misma que decretó la prisión para los exconsellers catalanes- ordenó la prisión incondicional y sin fianza para los siete detenidos, aunque un mes después cuatro de ellos quedaron en libertad.

Las movilizaciones populares contrarias a la decisión han sido desde entonces una constante, unas concentraciones que arreciaron tras conocerse en julio las penas a las que se enfrentan los acusados: 62 años y medio para uno, 50 años para seis de ellos y 12 y medio para una octava persona. El fiscal propone a su vez que el teniente de la guardia civil –sufrió una fractura de tobillo- sea indemnizado con 9.200 euros, el sargento con 3.700 y sus parejas con 16.100 y 12.100 euros por las lesiones y daños morales que sufrieron.

Las familias de los jóvenes denuncian “impotencia” e “indefensión” en un caso que, para muchos, demuestra la “arbitrariedad de la justicia”. Los abogados de los acusados también dudan de las “garantías del proceso”, más tras el auto del pasado 27 de octubre en el que la Audiencia Nacional denegó la “práctica totalidad de las pruebas solicitadas” por ellos, que incluían declaraciones de testigos de los hechos. “Es una evidente vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa”, censuran.

Los letrados tampoco comprenden por qué tres de los acusados permanecen en prisión mientras los otros cinco, a pesar de imputárseles el mismo delito, fueron liberados. “Siguen en prisión provisional sin que haya ningún riesgo, porque ya se pusieron a disposición del juzgado de Pamplona, voluntariamente, para prestar declaración o cualquier diligencia”, explicó la semana pasada la abogada Jaione Carrera.

La jueza Lamela, sin embargo, explicó su decisión de mantenerlos en prisión debido a su “especial liderazgo y protagonismo” en los hechos. Los tres se encuentran en régimen de internos de especial seguimiento, lo que supone, insisten fuentes cercanas, unas “duras condiciones”. Además, están en cárceles de Madrid, a casi 500 kilómetros de la localidad navarra. La fiscalía pide 50 años de cárcel para seis de los acusados por “cuatro delitos de delitos terroristas”, a lo que se suman doce años y medio para otra persona por un “delito de amenazas terroristas”. Para un octavo encausado se pide únicamente esta pena -12 años y medio- por amenazas.

En el municipio censuran que los jóvenes están siendo castigados “sin medida” por “pertenecer a un pueblo o a una realidad social”. Desde su detención, han surgido distintas plataformas para reclamar su libertad, unas asociaciones que denuncian a su vez las multas recibidas por “acordarnos de nuestros amigos y pedir su libertad”. “Las familias de los jóvenes –explicó la presidenta Barkos- no piden impunidad, sino proporcionalidad; hago mías sus palabras”. Recién cumplido un año desde su arresto, este domingo Alsasua volverá a reclamar que los acusados vuelvan a casa.

Concentración en Pamplona de familiares y amigos de los acusados por agredir a dos guardias civiles en Alsasua (EFE)