¿porqué no hubo mediación entre Govern y Gobierno?

Mediación, mediación, mediación. Forzar una negociación sobre el estatus de Catalunya con un mediador internacional. Esa –y no la declaración unilateral deindependencia– era la finalidad que perseguía Carles Puigdemont con la organización del referéndum de octubre. Estuvo cerca de conseguirlo gracias al tremendo impacto que tuvieron en todo el mundo las imágenes de la actuación policial el 1 de octubre.

Al menos tres personalidades internacionales estuvieron dispuestas a desempeñar ese papel de mediación, a petición de la Generalitat. Tres europeos de centroizquierda: Jonathan Powell, ex jefe de gabinete del líder británico Tony Blair; el expresidente de Austria Heinz Fischer, y el expresidente de la Comisión Europea y exprimer ministro de Italia Romano Prodi. Mariano Rajoy se negó en redondo: el Estado español no podía ser objeto de tutela internacional. La diplomacia española se empleó a fondo para impedirlo. Y las instituciones europeas, encabezadas por Donald Tusk, Jean-Claude Juncker y Antonio Tajani, apoyaron de manera decisiva al Estado español.

Una de las primeras personalidades contactadas, según ha podido contrastar este diario, fue Jonathan Powell, al que podríamos definir como mediador profesional. Este diplomático inglés dirige desde hace unos años la consultoría Inter/Mediate, dedicada a la mediación en conflictos internacionales. Powell fue la mano derecha de Blair en las negociaciones para poner fin al terrorismo en el Ulster. A partir de esa valiosa experiencia ha intervenido en varios conflictos. Ha estado presente en las conversaciones de paz en Colombia. El primer ministro conservador David Cameron le encomendó labores de mediación en Libia tras el derrocamiento del coronel Gaddafi. Participó en algún tramo del desarme de ETA.

Powell fue contactado por la Generalitat el pasado 11 de junio, según fuentes conocedoras de la negociación. El asesor británico estaba dispuesto a intervenir en la cuestión de Catalunya y así consta en un texto con su firma que puede leerse en la página web de Inter/Media: “He trabajado en muchos países que se ­enfrentan a quejas históricas enraizadas.

La única forma de resolverlas es hablando (...) Deberíamos evitar que en Catalunya se asiente un conflicto como el que vivimos en Irlanda del Norte. Catalunya no es el Irlanda del Norte, por supuesto, pero a menudo en ese tipo de conflictos las posiciones se encrespan sin que las partes lo deseen. El Gobierno español y los catalanes deberían aprender las lecciones de confrontaciones similares en otras partes”. El artículo lleva fecha del 4 de octubre, tres jornadas después de las cargas policiales del 1 de octubre. El mismo día en que Powell colgó su articulo en internet, el rey Felipe VI se dirigió a los españoles –y a la comunidad internacional– en un tono muy grave, apelando al inmediato restablecimiento de la legalidad constitucional en Catalunya. El discurso del jefe del Estado español no dejaba resquicio alguno para la mediación de terceros.

La Generalitat también intentó la mediación de Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, encargado de la cartera de Relaciones Institucionales y exministro holandés de Asuntos Exteriores. Un peso pesado de la Unión. Una apuesta arriesgada. El contacto se llevó a cabo a través de las autoridades de Flandes.

“No”, fue la respuesta, seca y tajante, de Timmermans, acorde con la línea de trabajo del presidente de la Comisión, Juncker, línea compartida con matices por el presidente del Consejo Europeo, el ex primer ministro polaco Tusk. Una respuesta positiva del socialdemócrata Timmermans habría abierto una brecha de imprevisibles consecuencias en la línea oficial de la Unión. El político holandés no colgó el teléfono a sus interlocutores, pero su negativa fue contundente. Que surgiesen voces favorables a la mediación internacional desde el interior de las instituciones europeas era la hipótesis más temida por la diplomacia española tras los hechos del 1 de octubre. Había aquellos días una auténtica ola de descrédito en la prensa internacional. La peor imagen que ha dado España desde la muerte del general Franco. Una imagen que ahora el Gobierno español intenta reparar con una campaña de publicidad en el exterior, que tendrá continuidad en el 2018. Fueron días muy críticos para el Gobierno.

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, con larga experiencia en Bruselas, y el embajador ante la UE, Pablo García-Berdoy, tuvieron que emplearse a fondo para contener los movimientos tácticos de la Generalitat, que tenía un excelente oficial en Bruselas, Amadeu Altafaj, jefe de la embajada catalana. Exportavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea y ex jefe de gabinete del vicepresidente Oli Rehn en el anterior mandato, Altafaj jugó una delicada partida de ajedrez con la diplomacia española. Su profesionalidad es reconocida abiertamente por sus contrincantes. Altafaj fue cesado inmediatamente por el Gobierno tras la aplicación del artículo 155.

Otra personalidad internacional dispuesta a mediar, según las fuentes consultadas, fue el expresidente federal de Austria Heinz Fischer, miembro del Partido Socialdemócrata. La Generalitat disponía de una representación específica en Viena, orientada también a países del este de Europa, dirigida por Adam Casals, experto en relaciones internacionales y excolaborador del Cidob. Romano Prodi también se mostró dispuesto a ejercer la mediación. Estamos hablando de una pieza de relieve en Europa.

Dos veces primer ministro de Italia al frente de sendas coaliciones de centroizquierda, expresidente de la Comisión Europea (1999-2004) y buen conocedor de Catalunya, gracias a su antigua amistad con Jordi Pujol y Pasqual Maragall. Prodi actuó con prudencia. Primero emitió un comunicado favorable al diálogo, junto con Piero Fassino, exministro y exalcalde de Turín, y Vittorio Craxi, ex subsecretario de Exteriores. Inmediatamente después envió un delegado a Barcelona para obtener un retrato más preciso de la situación.

Ese delegado se entrevistó con Puigdemont en el Palau de la Generalitat el 4 de octubre. “Vi a un hombre táctico, dispuesto a la negociación, pero lejos de la orilla. Un hombre sin nada a qué agarrarse. Un hombre en alta mar, desilusionado con algún contacto internacional que quizás le había hecho creer en otros escenarios. Insistía en la mediación, y le comuniqué que era muy difícil, dada la negativa del Gobierno español y la línea adoptada por la Comisión Europea. Le recomendé que no tomase decisiones que pudiesen empeorar la situación.” Ese fue, en síntesis, el informe que recibió Prodi.

El Gobierno italiano no ha sido muy duro con la Generalitat estos meses. Incluso Silvio Berlusconi se permitió criticar la actuación de la policía el 1 de octubre. “Yo lo habría hecho de otra manera”, dijo a los periodistas en Bruselas. La célula de Prodi también efectuó gestiones en Roma para sondear la disposición de la Santa Sede para una mediación eclesiástica, directa o indirecta. La respuesta del Vaticano fue negativa. La Iglesia de Roma no pensaba intervenir en el conflicto político de Catalunya, más allá de la labor apaciguadora y de mediación local que pudiesen efectuar eclesiásticos españoles y catalanes.

El 5 de octubre –un día después del discurso del Rey–, la Santa Sede dio a conocer su posición a través de la revista católica Vida Nueva. El Vaticano filtró que el papa Francisco había expresado su rechazo al independentismo catalán durante la presentación de credenciales del nuevo embajador español ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo. “El Papa manifestó el rechazo de la Iglesia a toda actitud que no esté basada en el respeto a la legalidad constituida”, informaba la revista. Con todo, el Vaticano había dado su visto buena a una declaración de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre Catalunya, que no gustó nada al Gobierno español e hizo fruncir el ceño a casi toda la prensa de Madrid. Fechada el 27 de septiembre, la nota apelaba al “diálogo sincero”, pedía salvaguardar “los bienes comunes de siglos” (la unidad de España) y “los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado”, y concluía con un llamamiento a evitar situaciones irreversibles.

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, tuvo un papel destacado en la redacción de esa nota, orientada también a salvaguardar la unidad del episcopado español. También buscó la mediación de la Iglesia católica el lehendakari vasco Iñigo Urkullu, en contacto con el cardenal Omella y los abades de Montserrat y Poblet, Josep Maria Soler y Octavi Vilà. Urkullu, formado en las comunidades católicas de base del País Vasco, comunicó el día 8 de octubre con el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, destacado miembro de la Comunidad de San Egidio, organización solidaria, liderada por el seglar Andrea Riccardi, que ha destacado en distintas labores de mediación internacional, bajo la tutela vaticana.

El presidente vasco es un personaje fundamental para la reconstrucción rigurosa de los avatares de la política catalana de estos últimos meses. Aconsejó reiteradamente al presidente catalán que evitase situaciones sin salida, medió con el Gobierno español, envió reiterados mensajes a Bruselas y contribuyó a tejer un valioso y frágil pacto –no escrito– para que Puigdemont convocase elecciones antes de que el Gobierno activase el artículo 155. Hay detalles de la mediación vasca que aún no se conocen. Urkullu intentó evitar que se abriese en España el precinto de la intervención estatal de las autonomías. En eso consiste el 155 rápido escogido por Rajoy: la ruptura de un precinto.

26/11/2017 lavanguardia