España cañí-275: Campus de la Justicia de Madrid, el descampado más caro de España

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Los 1,5 millones de euros que costó en 2004 el acto de instalación de la primera piedra del Campus de la Justicia de Madrid en 2018 eran todo un presagio que nadie supo frenar a tiempo. Ni su autora intelectual, Esperanza Aguirre, ni su brazo ejecutor, Ignacio González quien recogió el testigo como uno de los emblemas de su legislatura.

Se trata de un proyecto salido de la cabeza de la lideresa para reagrupar a todas las sedes judiciales de la región en un mismo espacio. Pero el Campus no sólo no respondía a las necesidades reales de la Justicia madrileña, sino que además estaba tan sobredimensionado y hormonado que, a pesar de que ya se han dispuesto más de 120 millones de euros, nunca ha llegado a entrar en funcionamiento.

Una losa que se arrastró hasta 2015, año en el que Cristina Cifuentes decidió enterrar el proyecto. Lo que la presidenta de la Comunidad pretendía era, básicamente, quitarse de encima el enésimo monumento al despilfarro de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, Cifuentes no sólo logró su propósito, sino que el despropósito aún le persigue en forma de pesadilla antes de Navidad.

Cada año por estas fechas, en época de balances y firmas de anuarios urbanísticos, vuelve a la palestra el descampado más caro de España que sigue sin materializarse. Al contrario, el Campus del que sólo llegó a construirse un edificio lleva abandonado más de siete años a pesar de lo cual, únicamente en materia de seguridad, ha costado casi 4 millones. Incluyendo detectores de matrículas a 215.000 euros la unidad.

Solo en 2016, último presupuesto completamente ejecutado, se gastaron 169.972 euros en vigilancia, 3.430 euros en luz y 2.861 euros en mantenimiento para un edificio vacío situado en medio de un erial a medio camino entre la T4 de Barajas y la Ciudad Deportiva de Valdebebas. 13.000 metros cuadrados distribuidos en ocho plantas, incluyendo 35 plazas de garaje que aún no han sido estrenadas.

A esto hay que sumar 8,3 millones de euros de deudas tributarias de los años 2014 y 2015 correspondientes al IVA que no se abonó por la transmisión de edificios del Campus al liquidar la sociedad y los 5 millones de euros que Aguirre invirtió en publicitar a todo trapo un Campus que a día de hoy no pasa de descampado de lujo.

Todo esto sin contar los viajes promocionales. Según la memoria de gestión del Campus de la Justicia, extraviada durante meses para desesperación de la Comisión parlamentaria del ramo, su patronato acudió tres veces al salón inmobiliario Meeting Point de Barcelona, tres veces a Munich, y dos a Milán, entre otras ciudades, para vender sus bondades. Actos en los que se proyectaba un vídeo sobre la recreación del fallido Campus de la Justicia que costó 900.000 euros.

Para comprender mejor el sobrecoste basta con recordar la comparación que en su día realizó la diputada madrileña del PSOE, Mercedes Gallizo, quien señaló que el presupuesto medio de una película de cine español es de 1,2 millones de euros. “Malversar no es solo llevarse el dinero, sino hacer una gestión nefasta del mismo”, sentenció la socialista.

Proyección del inacabado Campus de la Justicia de Madrid. (LV)

El que fuera consejero delegado del Campus de la Justicia hasta mayo de 2010, Miguel Giménez de Córdoba, aseguró que en la Comisión sobre la Deuda en la Comunidad que él se negó a “malvender” sedes judiciales como la de Plaza Castilla por la bajada del precio de su tasación y que su decisión de “parar” el proyecto y aplicar una “economía de guerra” le granjeó encontronazos con miembros del Gobierno regional, que querían el desarrollo de edificios para cumplir el programa electoral del PP.

Giménez de Córdoba insistió en que el proyecto en el inicio estaba “bien diseñado” y “no era una quimera” porque se basaba en el coste cero para el ciudadano y en criterios de austeridad, como el fijar una media de 1.000 euros por metro cuadrado. ¿Entonces qué falló? “Justificar el fracaso en la crisis no es correcto, señaló. El exconsejero lo achaca a la “modificación del planteamiento inicial de fijar la media de coste en 1.100 euros por metro cuadrado cuando se vio las posibilidades de obtener más recursos, optando por incluir “cierto lujo” que luego derivó en que “no salieran las cuentas”.

No obstante, Giménez de Córdoba ha remarcado que se encargó de pilotar “los restos del naufragio” y que encargó una nueva tasación para el edificio de Plaza Castilla a tenor de la crisis que vivía el sector inmobiliario. En esa nueva valoración, la cifra de venta se redujo entre 100 y 150 millones de euros.

En este sentido, el exconsejero delegado ha señalado que él se negó a “malvender” esas sedes judiciales con tal de desarrollar el proyecto y decidió “parar” el mismo y acometer una “economía de guerra”, reduciendo personal y gastos en la sociedad de Campus de la Justicia. Giménez de Córdoba ha aclarado que ello le llevó a momentos de tensión con representantes del Gobierno regional que reclamaban el acometer tres edificios para el término de la legislatura entre 2007 y 2011, indicando que él se decantó por solo uno, el más reducido (el Instituto de Medicina Legal).

También ha confesado que se le transmitió el “malestar” desde la esfera política por el hecho de que todas las inversiones fueran “subterráneas” y, en consecuencia, la gente no las podía ver y por ello le pidieron la construcción de sedes judiciales.

Una sangría que la oposición quiere frenar cuanto antes poniendo sobre la mesa del Gobierno regional un requerimiento de la Asamblea para que busque una solución al único edificio que se llegó a construir, y que los madrileños han bautizado con mofa como el ‘donuts’.

La solicitud partió a instancias del PSOE cuenta con el apoyo de Podemos y fue aprobada, gracias a la abstención de Ciudadanos. Tiene formato de Proposición No de Ley (PNL), por lo que no es vinculante, pero el contador ya se ha puesto en marcha y el plazo para la elaboración de un informe de viabilidad es de tres meses.

Sin embargo esta PNL es sólo el segundo escollo con el que se ha topado Cifuentes quien acaba de esquivar, gracias a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), una disputa contractual millonaria interpuesta por a UTE formada por OHL y Acciona. Las dos constructoras que denunciaron al Ejecutivo por no ratificar la adjudicación de las obras iniciadas por Aguirre y tramitadas por González.

El trato consistía en que la empresa concesionaria pagaría la construcción y el mantenimiento del complejo durante 30 años a cambio de un canon anual de unos 45 millones de euros. En total 1.448 millones que, sumados a los 304 millones de IVA, dan como resultado una factura de 1.752 millones que Cifuentes se ha librado de pagar.

Precisamente esa sentencia es el clavo ardiendo al que se agarra la presidenta regional para verse lastrada ya que demuestra que “el Gobierno actúa conforme a la Justicia y a los intereses de los madrileños”. “Estoy satisfecha porque el TSJM haya dado la razón al Gobierno regional rechazando todos los argumentos de las empresas del recurso”. “No sólo porque nos da la razón absolutamente de que era un proyecto que no podía salir adelante, sino que viene a ratificar que el Gobierno actúa conforme a los intereses de los madrileños y de la Justicia”, ha añadido recientemente.

La solución ahora pasa por redimensionar el proyecto en los mismos terrenos de Valdebebas, o reubicarlo, como le propuso la Alcaldía de Madrid, al ofrecer al Ejecutivo regional enmarcar un nuevo Campus de la Justicia menos opulento dentro de la Operación Chamartín.