duras batallas por la Presidencia de la Generalitat catalana

Es un hecho que el independentismo es mucho más discreto resolviendo sus discrepancias que el constitucionalismo. Así se explica que, tras el 21D, los mayores reproches se los hayan cruzado Ciudadanos y el PP, mientras que Esquerra ha preferido lavar en casa el escozor provocado por el inesperado 'sorpasso' del huido Carles Puigdemont al encarcelado Oriol Junqueras. La investidura, sin embargo, no será en absoluto sencilla para el expresident. Sin hacer demasiado ruido y para esquivar la acusación de ser responsable de romper la unidad separatista, ERC y Junts per Catalunya (JxCat) maniobran para garantizarse la presidencia de la Generalitat, especialmente ante el previsible escenario de que Puigdemont decida no volver de Bélgica ante la certeza de que una vez pise territorio español será detenido y enviado a prisión por el Supremo.

La estrategia de los republicanos pasa por darle la vuelta al argumento estrella de JxCat durante la campaña: el Govern legítimo debe ser restituido. Así, de fallar la opción de rehabilitar a Puigdemont, el escalafón debe correr hasta Junqueras, vicepresidente legítimo, y es a él a quien debe investir el Parlament.

La corte de Puigdemont, por su parte, trata de eludir la envolvente republicana y, en público, niega que se maneje otra opción que no sea la reelección del expresident. La realidad, sin embargo, es que son conscientes de que esta circunstancia se antoja muy complicada, por no decir que imposible, y ya barajan candidatos alternativos, como Jordi Sánchez o Elsa Artadi. En primer término, porque no ha dado ninguna muestra de querer volver a España -a pesar de que lo prometió si el independentismo ganaba las elecciones- y, en segundo lugar, porque su horizonte judicial se ensombrece conforme alarga su huida de la Justicia española.

En este sentido, JxCat se ha anticipado a los movimientos de ERC ofreciendo a Carme Forcadell reeditar la presidencia del Parlament -a modo de intercambio de cargos-, y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Puigdemont sea investido "por plasma"; es decir, celebrando el debate de investidura a través de vías telemáticas. Una opción que ni permite ni prohíbe el Reglamento de la Cámara, pero que podría admitirse por parte de la Mesa -órgano encargado de interpretar el Reglamento-, en el caso de que ésta volviera a contar con una mayoría independentista y en una nueva vuelta de tuerca de la norma que regula la vida parlamentaria catalana.

Se la juega el 4 de enero en el Supremo

Los estrategas de ERC tienen marcado el 4 de enero como una jornada clave en las opciones de Junqueras para alzarse con la presidencia de la Generalitat. Ese día, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisará su situación de prisión provisional. Una eventual puesta en libertad del líder republicano lo convertiría en una opción mucho más realista que elegir a un fugado que no podría ejercer de forma efectiva el cargo de presidente.

Una semana más tarde, el 11 de enero, el juez instructor de la causa contra el procés, Pablo Llarena, toma declaración a Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en relación no ya solo a su situación de prisión provisional, sino también sobre los hechos objetos de investigación en el sumario.

En ambos casos está por ver el efecto que el avance de la investigación ha podido tener en la percepción del juez de la existencia de riesgo de reiteración delictiva, motivo por el cual decidió mantenerles en prisión el pasado 4 de diciembre.

La estrategia de Junqueras pasará por reiterar su acatamiento de la legalidad y su apuesta por el diálogo y la negociación para conseguir la independencia. Una táctica, sin embargo, que no le valió en su última comparecencia ante Llarena, que manifestó que no podía dejarle en libertad hasta no constatar "que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdaderamente real".

En este sentido, no le ayuda que ERC volviera a apostar por la unilateralidad para hacer efectiva la secesión. Tampoco los argumentos que expresó Llarena en el auto en el que denegaba a Jordi Sánchez la posibilidad de salir de prisión para hacer campaña electoral. En él se aseveraba que la autorización "posibilitaría las situaciones de riesgo que la prisión ha tratado de conjurar", al poder promover el investigado "nuevas movilizaciones públicas violentas" o "tumultos". Este razonamiento, aplicado a una posible solicitud de Junqueras para obtener un permiso que le permitiera asistir a la sesión de investidura, llevaría a la denegación del mismo, dado que, de igual modo, le concedería la posibilidad de acceder a un cargo desde el cual podría reproducir las situaciones de riesgo que se pretenden evitar con su encarcelamiento.

Próximas citas parlamentarias

Mientras JxCat y ERC desarrollan su particular partida de ajedrez, los plazos que fija el calendario parlamentario avanzan de forma inexorable, con la dificultad añadida de negociar nada durante las fechas navideñas. El 23 de enero se celebra la sesión constitutiva del Parlament.

Los miembros de la lista de Puigdemont tratan de ganar tiempo y plantean que, antes de hablar de la presidencia del Govern, toca decidir la composición de la Mesa y la Presidencia del Parlament, dos órganos que en la pasada legislatura fueron clave para acompasar la actuación de la Cámara con los planes separatistas ejecutados por la Generalitat.

Por el sistema de votación de ambos órganos, es muy difícil que las fuerzas no independentistas se hagan con la presidencia de la Cámara o el control de la Mesa. Solo la ausencia de los cinco diputados huidos y los tres encarcelados y un acuerdo que aunara a Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya en Comú permitiría el vuelco.

Lo que se presenta verdaderamente caliente es la sesión de investidura que, como tarde, deberá celebrarse el 6 de febrero. Para entonces debe estar resulta la incógnita de quién es el candidato del separatismo y qué pasa con los escaños de los electos en Bruselas y en prisión. Su ausencia dejaría al separatismo en minoría (62 escaños) frente a los no independentistas (65).

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