la Unión Europea incumple su obligación de respetar el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui
El acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos podría correr la misma suerte que el convenio comercial agrícola bilateral, vetado hace apenas un año por el Tribunal de Justicia europeo ya que no tenía en cuenta los derechos del pueblo saharaui.
El pacto de pesca “no es válido por aplicarse al territorio y las aguas del Sáhara Occidental”, concluyó ayer el abogado general del Tribunal, Melchior Wathelet, que sostiene que la Unión Europea “incumplió su obligación de respetar el derecho a la libre determinación” del pueblo saharaui, no obtuvo garantías de que la explotación de sus recursos naturales beneficie a su población y ha sido cómplice de la situación actual. La explotación del acuerdo pesquero con Marruecos afecta sobre todo a aguas adyacentes al Sáhara Occidental.
No se trata de una sentencia sino de un informe preliminar que guiará el veredicto final de los jueces, que se espera para antes del próximo verano. El caso tiene su origen en una denuncia de la oenegé británica Western Sahara Campaign ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, que a su vez elevó una consulta prejudicial a Luxemburgo sobre su capacidad para cuestionar un acuerdo internacional y sobre su validez. Wathelet concluye que la asociación prosaharaui sí tiene derecho a poner en tela de juicio el convenio y sostiene, además, que este es incompatible con el derecho europeo.
“La Unión ha faltado a su obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la vulneración por parte de Marruecos del derecho a la libre determinación” del pueblo saharaui, al anexionarse unilateralmente el territorio, sostiene el informe del abogado general. También ha incumplido “su obligación de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación”, afirma el letrado, que recuerda que el derecho internacional no reconoce el concepto de “potencia administradora de facto” y que Marruecos es “la potencia ocupante”.
Aunque políticamente más explícitos, los argumentos empleados por Wathelet son los mismos que usó en diciembre del 2016 el Tribunal de Justicia para declarar inválidos los acuerdos de asociación y liberalización comercial y agrícola alcanzados entre Rabat y la Unión Europea. La sentencia descolocó a la Comisión Europea, responsable de su negociación, y enfureció a las autoridades marroquíes, que reclamaron a la Unión que recurriera. El Consejo lo hizo en febrero y no hay fecha para la sentencia definitiva.
Entretanto, la Comisión Europea pidió la semana pasada autorización a los gobiernos para negociar la renovación del actual acuerdo pesquero, que expira el mes de julio de este año. Su alcance dependerá de las próximas sentencias judiciales.
11/01/2018 - lavanguardia