las cargas policiales del 1-Octubre, segundo informe más seguido de Human Rights Watch en 2017
Las cargas policiales durante la jornada del referéndum del 1 de octubre han sido una de las cuestiones más seguidas por los lectores de la oenegé Human Right Watch (HRW) en 2017. Así lo ha comunicado el Observatorio de los Derechos Humanos en una nota de prensa en la que recoge sus diez historias más seguidas a lo largo del año y en el que el informe de HRW sobre la actuación policial el 1-O se sitúa en segunda posición.
El informe más leído del 2017 es el que analiza la prohibición que el Gobierno ruso hizo de los testigos de Jehová, mientras que por detrás de las cargas policiales del 1-O se hallan dossieres como la discriminación contra el colectivo LGTB en escuelas estadounidenses; los asaltos sexuales a mujeres en la India; o el hallazgo de los cuerpos de dos expertos de las Naciones Unidas en la provincia de Kasai Central en la República Democrática del Congo.
En su resumen, HRW explica que este 2017 se ha enfrentado a importantes desafíos, desde catástrofes humanitarias hasta un aumento del populismo que amenaza los valores fundamentales de los derechos humanos. “Human Rights Watch ha informado sobre múltiples crisis y abusos en todo el mundo”, sentencia.
El dossier del 1-O recoge el testimonio de 29 de los heridos
En el caso del documento sobre el 1-O, Human Rights Watch admite que la policía tenía la ley de su lado y cumplía una orden judicial, aunque reprocha que ello “no les daba derecho para usar la violencia contra manifestantes pacíficos”. De este modo, denuncia un “uso excesivo e injustificado de la fuerza” de los cuerpos de seguridad. “Se causaron múltiples lesiones utilizando porras para golpear a manifestantes que no amenazaban”, añade el informe del Observatorio.
Asimismo, el mismo dossier recoge el testimonio de 29 de los heridos por las cargas y narra algunos de los episodios como el del pueblo de Aiguaviva (Girona), donde se usó “un spray irritante ante gente que no presentaba peligro inminente”.
Desde la oenegé recuerdan que España forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que, por lo tanto, debe garantizar que las personas disfruten del derecho de reunión pacífica y puedan expresar libremente sus opiniones. Sostienen que el Gobierno puede imponer “algunas restricciones a esos derechos”, pero las medidas deben ser proporcionadas según la amenaza y con el objetivo de minimizar los daños y los heridos.
