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(España en el) Informe 2017/18 Amnistía Internacional

Informe 2017/18 clicando imagen

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, Barcelona

22/02/2018 lavanguardia

El convulso otoño político catalán, con el referéndum del 1-O, la declaración de independencia, la aplicación del artículo 155 y la detención de líderes del independentismo, es el principal protagonista del capítulo dedicado a España en el informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Un dossier en el que la oenegé señala que los cuerpos de seguridad actuaron de forma desproporcionada durante la jornada del referéndum, prohibido por las instancias judiciales.

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza excesiva contra manifestantes que opusieron resistencia pacífica a la operación judicial”, desgrana AI. Sobre ello, el organismo internacional recuerda que la policía “disparó cartuchos de fogueo y pelotas de goma, e hirió de gravedad a una persona, que perdió la visión”, en referencia a Roger Español, el joven que perdió el ojo derecho tras recibir el impacto de una pelota de goma ante la escuela Ramon Llull de Barcelona.

Informe anual de Amnistía Internacional  

Un referéndum desafiando varias sentencias del TC”

Una actuación policial que, en todo caso, Amnistía recuerda que “daba cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que impedía la celebración del referéndum”. En este sentido, el organismo recuerda que “el gobierno de Catalunya celebró un referéndum desafiando varias sentencias del Tribunal Constitucional”.

Amnistía Internacional también subraya la prohibición de dos actos públicos de apoyo al referéndum catalán en Madrid –en la sala municipal Nave de Terneras, bajo el título Madrid por el derecho a decidir- y Vitoria –una charla de la diputada de la CUP Anna Gabriel, en el centro cívico Aldabe, que fue suspendida a los 45 minutos de empezar y siguió en la calle–. “Algunas autoridades restringieron de manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de personas que apoyaban la independencia catalana”, relata AI.

Aminstía pide la excarcelación inmediata de ‘los Jordis’

En su descripción de los hechos ocurridos durante el año en España, Aminstía también apunta la prisión provisional para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez acusados de un delito de sedición, “un delito definido de manera muy general”. El informe no va más allá, aunque en conversación con La Vanguardia un portavoz de Amnistía precisa que “desde el día de la detención de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart el cargo de sedición nos parece excesivo y desproporcionado y, en consecuencia, pedimos que sean liberados”.

Jordi Cuixart y Jordi Sànchez Jordi Cuixart y Jordi Sànchez (Emilia Gutiérrez)

Un mensaje que la oenegé ya comunicó cuando se le negó la petición de libertad al expresidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a través de la directora de AI para Europa, Gauri van Gulik: “La prolongación de la prisión provisional constituye una restricción excesiva y desproporcionada del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”. “Los cargos que pesan contra Sànchez y Cuixart, según la información de que dispone Amnistía Internacional, son injustificados y, por lo tanto, deben retirarse”, reivindicó Van Gulik.

Junqueras y Forn: delito, sí; violencia, no

El capítulo español del informe de Aminstía Internacional no menciona directamente al exvicepresidente Oriol Junqueras ni al exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión provisional desde el pasado 2 de noviembre acusados de rebelión. Aún así, la oenegé ha explicado a La Vanguardia que en su actuación como miembros del anterior Govern “puede haber delito porque se saltaron la disposición del Tribunal Constitucional que suspendía el referéndum”. Un delito que, en todo caso, desde Amnistía creen que no se ajusta a la rebelión: “El delito de rebelión requiere violencia y, según la información de que disponemos, ésta no parece haberse producido”.

En todo caso, el organismo internacional evita calificar a Junqueras y Forn de presos de conciencia –la expresión con la que AI define a los presos políticos–. Amnistía se reserva esta categoría para “las personas que no deberían ser castigadas en modo alguno pero están privadas de libertad sólo por el ejercicio de sus derechos humanos y, por lo tanto, no han hecho nada que pueda interpretarse legítimamente como delito”. Desde el servicio de comunicación de la organización en Catalunya argumentan además que “el procedimiento judicial todavía está en fase inicial y, normalmente, Amnistía se pronuncia cuando la causa está más avanzada”.

Aún así, Amnistía recuerda que “la prisión preventiva es una medida muy grave de privación de libertad que se debe adoptar en última instancia y se debe ir revisando”. Cabe recordar que hasta el momento Jordi Cuixart y Jordi Sànchez llevan 129 días encarcelados de forma preventiva en el Centro Penitenciario de Soto del Real; por 112 días que suman en prisión Oriol Junqueras y Joaquim Forn en la cárcel de Estremera, ambas en Madrid.

Reprocha el procesamiento de personas por comentarios en las redes, el incumplimiento en asilo y los desalojos forzosos

Con todo, el informe anual de Amnistía Internacional también señala otras afrentas a los derechos humanos durante 2017 en España y explica que “se procesó a decenas de personas por ‘enaltecimiento del terrorismo’ y ‘humillación a las víctimas’ en las redes sociales” por expresar “opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo y que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos”. Aquí, AI cita el caso de Cassandra –su sentencia se suspendió– y de los titiriteros procesados por incitación al odio en 2016 –que el juez sobreseyó–.

La oenegé internacional censura, además, que España “haya incumplido su compromiso de reubicar 15.888 solicitantes de asilo en aplicación del programa de reubicación de emergencia de la UE”. “Al final del año había reubicado a 1.328”, lamenta AI. Al mismo tiempo, Amnistía critica que “el poder judicial español continuó aplicando de manera desproporcionada la legislación antiterrorista”.

Finalmente, el capítulo dedicado a España del informe anual de Amnistía Internacional lamenta las “48 mujeres y 8 menores de edad que perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas”; reprocha las “miles de personas que sufrieron desalojos forzosos sin garantías judiciales adecuadas ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado”; y destaca negativamente el hecho de que “las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo”.