la ley californiana permite a los ciudadanos solicitar una votación para echar a funcionarios estatales

Aaron Persky, juez del Tribunal Superior del condado de Santa Clara (California), ha perdido su trabajo tras prosperar la votación impulsada por un grupo de ciudadanos para echarlo de su cargo. En junio del 2016, el magistrado fue objeto de una gran polémica al condenar a sólo seis meses de cárcel y tres años de libertad condicional a un nadador de la Universidad de Stanford por agredir sexualmente a una mujer inconsciente. La ley californiana permite a los ciudadanos solicitar que se realice una votación para echar a funcionarios estatales. El descontento por la sentencia fue alimentado, en parte, por una carta de la víctima en la que relataba lo sucedido. La carta se publicó en internet y se viralizó.

El propio Persky, exatleta de Stanford, dijo el mes pasado que cuando pronunció el fallo se vio obligado por las directrices y las recomendaciones del departamento de libertad condicional. También afirmó que su retirada socavaría la independencia del poder judicial.

Tras el recuento de los votos del 88% de los distritos, la campaña para desbancar a Persky obtiene el apoyo de casi el 60% de los votantes, según el registrador del condado. Persky es el primer juez recusado por sus conciudadanos en California en los últimos 80 años.