"Universidad. Un chiringuito vergonzoso", Celeste López
Esta realidad, conocida por todos y callada por los mismos, ha estallado cuando los medios de comunicación (con ElDiario.es a la cabeza) han destapado que esos mismos catedráticos regalan másteres a personalidades relevantes, especialmente políticas, para mejorar la imagen de la institución y, de paso, ampliar su influencia. Y si no se lo regalan, al menos les facilitan sobremanera la realización de unos estudios que al resto de los mortales les supone un esfuerzo difícil de olvidar.
La mirada se centra en esos políticos ventajistas, que inflan sus currículum a base de estudios que supuestamente dibujan una mejor preparación para la vida pública.
Pero más allá de la falta de ética de esos personajes (clarísima), el problema central reside en la propia universidad, en esos catedráticos déspotas, en esos institutos que bajo el amparo, en este caso de la URJC, hacen lo que quieren y como quieren con total impunidad y con esos profesores lacayos que se olvidan de la función pública, capaces de falsificar lo más sagrado en el mundo académico, los títulos que garantizan la formación y la preparación.
Mucho se ha dicho sobre el catedrático Enrique Álvarez Conde, que ha pasado en cuestión de meses de héroe a villano, pero no hay que olvidar que el centro que ha echado por tierra la credibilidad de la URJC, el Instituto de Derecho Público que él dirigía, se creó en el 2000, tiempo en el que ha recaudado millones de euros, con un gancho irresistible, la facilidad de obtención de título. Y mientras el negocio ha funcionado, nadie ha dicho nada. La universidad está infradotada económicamente, ¿quién iba a poner freno a esa fuente de financiación?
La Rey Juan Carlos está tocada y, con ella, el resto de universidades. Y eso, que ya había avisado de que no era trigo limpio. Recuerden que estuvo dirigida por un rector que había hecho su carrera a base de plagiar. Fernando Suárez alcanzó la cima con trampas y el mundo universitario se puso de perfil, incluida la conferencia de rectores, el ministerio de turno y, por supuesto, la comunidad de Madrid, responsable de la URJC. ¿Qué más datos necesitaban para interesarse por lo que pasaba en su interior?
El daño es enorme. Los responsables políticos y educativos se escudan en que todo está en manos de la justicia, eludiendo su responsabilidad. Pero mientras no garanticen que no hay más chiringuitos vergonzosos como el de la Rey Juan Carlos, la tranquilidad y sobre todo la credibilidad no llegarán a la universidad.
10/09/2018 - lavanguardia