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Universidades: ¿a qué se dedica la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)?


Resultat d'imatges de Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)Javier Prieto, de 21 años, estudia Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos y tiene claro que, cuando termine, “ni por asomo” realizará allí un máster. “Las chanzas que estamos sufriendo los estudiantes de esta universidad no se las deseo a nadie. Porque, más allá de las risas, el sentimiento que tenemos los que estudiamos en la URJC es que cuando terminemos nuestros títulos tendrán menos prestigio que los de cualquier otra universidad. Y es muy injusto”, señala indignado.

El daño causado tras constatarse que este centro universitario, creado bajo el amparo del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, ha dado un trato de favor a una serie de alumnos con cargos relevantes en la vida política (Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón son los más famosos, pero la lista es más amplia) se ha extendido a la universidad en general, que en este momento se encuentra completamente cuestionada. Ayer la alcaldesa Ada Colau aseguraba en TV3 que “una alta directiva de una multinacional” le ofreció ayudarla para obtener las dos asignaturas que le faltan para finalizar la carrera de Filosofía, lo que pone de manifiesto, según Colau, que entre algunas élites es “más fácil que para el resto” tener un título académico. La Universitat de Barcelona anunció anoche que “pedirá explicaciones” a Colau. “No podemos permitir ninguna sombra de duda sobre nuestras titulaciones”, señalaba la UB en Twitter, y reclamaba “responsabilidad y rigor a los políticos”, invitándolos a “denunciar cualquier acción fraudulenta” de la que tengan conocimiento.

¿Es verdad que para algunos privilegiados todo son facilidades?, que les convaliden asignaturas a mansalva, que sus no presentados se conviertan en sobresalientes, que se les permita no asistir a clase aunque sea obligatorio, que presenten trabajos de fin de máster plagiados o no los presenten y hasta que llegue a rector un catedrático que hizo su carrera profesional copiando a otros colegas. Sí, es posible y ha pasado, como han demostrado las investigaciones periodísticas, porque no ha habido control ni de los equipos directivos de las propias universidades, ni de los departamentos de Educación de las comunidades autónomas que son los responsables del funcionamiento de las mismas. Tampoco de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), organismo adscrito al ministerio cuya función es velar por la calidad de la universidad. Sencillamente, se ha dejado hacer.

¿En todas las universidades? Desde la conferencia de rectores (CRUE), su presidente, Roberto Fernández, pone casi la mano en el fuego asegurando que no. Y la realidad es que no ha sido en la URJC como tal donde se han detectado esta mala praxis (vergonzosa, más bien), sino en un instituto adscrito a la misma, uno de esos centros nacidos bajo el paraguas de las universidades públicas, con libertad para hacer y deshacer y con la misión de conseguir estudiantes de máster (los que pagan más) para ayudar a las maltrechas cuentas de las universidades. Pero también es verdad que en la URJC parece que nadie vigiló al Instituto de Derecho Político (IDP) dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde. ¿Por qué lo iban a hacer si no dejaba de recaudar dinero de los másters y subvenciones vinculadas a los mismos? Como el IDP hay centenares de centros de estudios y academias que avalan sus cursos bajo el sello de una universidad en toda España. Y esos títulos son igual de válidos que los que ofrecen las propias universidades aunque el esfuerzo sea menor. La competencia por atraer estudiantes es brutal en un sector que en las últimas décadas se ha multiplicado (hay facultades en casi todas las provincias) y con un menguante número de estudiantes.

No es justo que se extienda la duda a la institución universitaria, señala Fernández. “Nos ha costado mucho y muchos años tener la universidad que tenemos”, dice, mientras reitera que los casos que se están investigando se refieren “a un instituto” en concreto. “Un caso entre 200.000 estudiantes”.

En la misma línea se pronuncia Francesc Solé Parellada, vicepresidente de la fundación CYD, quien cree que “el sistema universitario español funciona correctamente, lo que ha sucedido es anecdótico. En España hay una oferta de 3.540 másteres”. Dicho esto, reconoce que hay que incrementar los controles y la rendición de cuentas.

Un control que no sólo se puede centrar en la calidad de sus servicios y de los centros adscritos. La universidad debe repensarse, abrirse a la sociedad en todos los sentidos, acabar con la endogamia que facilita que catedráticos y doctores se conviertan en reyezuelos que hacen y deshacen a su criterio y evitar que los políticos de turno se acerquen a ella imponiendo grados o másters sin criterio. “Nuestra universidad, de verdad, vale la pena”, señala un responsable.

Madrid

14/09/2018 lavanguardia