Seiken Sugiura
"Hoy hemos ejecutado a cuatro presos". Así, con firmeza y frialdad anunció el portavoz del ministro de Justicia japonés, Eisuke Mori, el ajusticiamiento de cuatro condenados a muerte. Japón es el único gran país industrializado, junto a Estados Unidos, que aplica la pena capital.
Los cuatro fueron conducidos a la horca, el sistema que siempre se utiliza en Japón, tan sólo unas horas después de serles comunicado que iban a morir y sin que sus familiares o allegados fueran informados con antelación.
Dos de ellos fueron ejecutados en la prisión de Nagoya por un crimen que habían cometido nueve años antes. Yukinari Kawamura, de 44 años, y Tetyusa Sato, de 39, fueron condenados a la pena capital por asesinar a dos mujeres cuyos cuerpos quemaron y descuartizaron después.
El tercer reo, Tadashi Makino, de 58 años, estaba condenado por dos asesinatos cometidos durante un atraco y murió ahorcado en la cárcel de Fukuoka. Y el cuarto, Shojiro Nishimoto, de 32 años, fue ajusticiado en Tokio, tras ser declarado culpable de la muerte de cuatro personas, en el transcurso de diferentes atracos a mano armada.
Los cuatro formaban parte del centenar de reclusos que se encuentran en el corredor de la muerte en Japón a la espera de que en cualquier momento se les comunique que van morir ahorcados en cuestión de horas, por haber cometido delitos de sangre.
El año pasado murieron en el patíbulo un total de quince personas, las dos últimas a finales de octubre. La cifra más elevada desde el año 1993, cuando se reinstauró la pena de muerte en el archipiélago japonés tras una moratoria de cuatro años. También hubo después un periodo de gracia especial entre los años 2005 y 2006. Su protagonista fue el ministro de Justicia, Seiken Sugiura. Durante su mandato en el último gabinete del primer ministro Junichiro Koizumi, este político rechazó firmar sentencias de muerte, debido a sus convicciones budistas. Pero en cuanto abandonó el cargo, su sucesor Jinen Nagase volvió a aplicar la pena de muerte. Así, desde la Navidad del año 2006, fecha de la ruptura de la moratoria del ministro Sugiura, que duró quince meses, han sido ejecutados en el archipiélago nipón un total de treinta y dos condenados a muerte.
Seiken Sugiura
En sí, Japón es el único gran país industrializado junto a Estados Unidos, donde se aplica la pena capital. Las autoridades niponas argumentan que cuentan con el apoyo mayoritario de la población a la pena capital.
Sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos civiles, como Amnistía Internacional, acusan al gobierno de Tokio de ir contra corriente de la mayoría de países del planeta. La Federación Internacional de los Derechos del Hombre (FIDH) denuncia las encuestas por considerar que son realizadas "de forma sesgada" y que las preguntas se formulan de manera que "están orientadas con el fin de obtener las respuestas deseadas".
Los responsables de la Federación Internacional de los Derechos Humanos no dudan en denunciar la falta de consideración de las autoridades japonesas hacia las reclamaciones de las organizaciones civiles. "Japón continua condenando a muerte a los criminales y los encierra durante decenios en cárceles donde reina el secreto y el aislamiento, ignorando o menospreciando a la opinión mundial", señala Florence Bellivier, secretario general de la FIDH, en el último de informe de esta organización.
A su vez, Dan Van Raemdonck, vicepresidente de la Federeación Internacional de los Derechos Humanos, ha recordado que la justicia japonesa "no ha aceptado ninguna revisión de sumario de los condenados a muerte desde 1986 y que ningún condenado ha sido indultado desde 1975". Precisamente aquel año ostenta el triste récord de concentrar el mayor número de ejecuciones: diecisiete en total.
30-I-09, I. Ambrós, lavanguardia
