Según el fallo del Tribunal Supremo, no es válida la objeción de conciencia contra la asignatura denominada educación para la ciudadanía. Los magistrados dejan claro que, a efectos legales, esta materia es igual que matemáticas, lengua o ciencias, ni más ni menos. Ningún tribunal aceptaría que los padres de una criatura objetaran contra las clases de aritmética u ortografía, pues se entiende que la instrucción básica de los ciudadanos es un bien superior que debe ser protegido contra los intereses particulares, incluso si estos son los de la familia del estudiante. Pero, si el debate existe y ha llegado tan lejos, más allá del partidismo de unos y otros, es porque esa asignatura entra de lleno en una serie de realidades que van unidas a los valores, ideologías, puntos de vista y creencias que conviven en una sociedad. Y esta convivencia de criterios y sensibilidades se articula tanto sobre el consenso como el disenso, de otro modo no hablaríamos de una sociedad realmente plural y democrática.
Si educación para la ciudadanía fuera únicamente una explicación del marco legal del Estado y sus leyes básicas, tal vez no quedaría mucho espacio para la controversia. Pero esta materia propone el estudio de una serie de fenómenos y tendencias cuya descripción y análisis es inseparable de la política en su sentido primigenio: no hay una única respuesta ante la mayoría de los problemas y desafíos del mundo contemporáneo. Nada tiene que ver el consenso tácito en los valores básicos enunciados de forma abstracta (por ejemplo, el respeto a la vida) con su concreción en una agenda gubernamental de prioridades (por ejemplo, reformar la ley de interrupción del embarazo o tener una actitud más o menos vigilante y estricta acerca de la tortura). La Constitución española de 1978 asume la Declaración de los Derechos Humanos, pero su despliegue en leyes y normas no está sujeto a unanimidades incuestionables. Al contrario. De otro modo, por citar dos casos que han sido ampliamente discutidos en el plano legal y parlamentario, prohibir partidos o cerrar publicaciones sería algo sobre lo que nadie discreparía.
La izquierda más combativa ve esta asignatura como una forma feliz de asegurarse la hegemonía cultural por ley, extremo que la derecha y la Iglesia más movilizadas leen de la misma manera, pero en sentido negativo. En medio, los pragmáticos aceptan esta nueva materia, pero subrayan que cada centro puede adaptarla a su ideario. ¿Quién se engaña más? Si la solución para que todo el mundo esté contento es hacer una educación de ciudadanías varias (incluso en abierto choque entre sí), está claro que esta asignatura es un camelo propagandístico innecesario, una mera reedición posmoderna de eso que llamaban formación del espíritu nacional, ahora en versión roja o azul, según los barrios y el gusto del consumidor.
30-I-09, Francesc-Marc Álvaro, lavanguardia