En la naturaleza del escorpión está el picar, y en la naturaleza de la televisión comercial está el pescar. Pescar a los más telespectadores posibles a corto plazo sin ser penalizada a medio plazo.
Jurisperita en código penal y perita en psicología de masas, la televisión expone en pantalla a lo peorcito de la sociedad para atraer a turbas de curiosos. Los bastantes curiosos que permitan a una cadena compensarse en facturación publicitaria la vergüenza infamante de pagar a una sonrojante nómina de tuercebotas, robaperas y pinchaúvas, saqueadores, maltratadores y hasta un homicida.
No yerra la tele en sus cálculos contables: a millones de personas nos entretiene mucho ver a los malos en acción, verles pugnando por autoexculparse, boqueando en las redes de su destino.., del mismo modo que nos cautivó en el pasado asistir a autos de fe. Así, la televisión comercial seguirá frecuentando esta aritmética del espectáculo mientras divise al suficiente público dispuesto a mirar, cómodamente parapetado tras el cristal del televisor. Y como es previsible que siempre haya público para este espectáculo, alguien propone ahora acotar estas prácticas mediante una legislación ad hoc.
Bien, pero ¿hasta qué punto es viable tal legislación? Ya hemos conocido otros intentos - ¡meros gestos, gestos rentables para los políticos!-que quedaron en papel mojado. Entretanto, los accionistas de Telecinco y de Antena 3 siguen dispuestos a pagar jugosas cantidades de dinero a condenados y a reos cuya presencia en plató augure audiencias nutridas y, por ende, beneficios económicos.
Ante esto, ¿puede hacer algo hoy la justicia ordinaria? Sí: embargar cualquier cantidad de dinero sobrevenida a alguien incurso en un proceso en el que haya listado de acreedores (sean particulares o sea la hacienda pública). Han sido los casos de Luis Roldán o Julián Muñoz, al que el juez mantiene embargados 188.000 euros ingresados por Telecinco en una cuenta del juzgado.
Sucede que, naturalmente, la televisión comercial querrá proteger su negocio y se las ingeniará para burlar a la justicia... Si un juez advirtiese que un canal de televisión está burlándole por proteger las ganancias del imputado... ¿podría ordenar el cierre - temporal-de las emisiones de ese canal? ¡Nada sacudiría más a los accionistas de una cadena comercial!: esta medida sería la más disuasoria ante la tentación de untar a reos y condenados. Y ha habido cierres así en Francia... y todavía nunca en España.
Pero no es tan sencillo: un canal que se sienta fiscalizado por nuevas leyes, pero de todas formas quiera untar y televisar a los malos,maquinará cómo hacerlo por otros medios: pagando bajo mano, por personas o empresas interpuestas. Un canal, así, bien podría traer al malo de turno sin pagarle un céntimo... pero contratando - por cantidades acordadas-a familiares o amigos del malo en calidad de colaboradores de programas del canal. Hecha la ley, hecha la trampa. Ante tal añagaza, ¿podría una ley española inhabilitar laboralmente al amigo o familiar de un condenado o procesado? ¿Podría una ley española limitar el derecho de alguien a su libertad de expresión debido a sus parentescos o afectos? ¿Podría ordenar eso nuestra legislación sin incurrir en una grotesca vulneración de los Derechos Humanos? No, supongo.
Sólo nos queda el embargo del dinero pagado al malo. Más allá, va a ser muy difícil poner puertas a estos platós paraprocesales y pericarcelarios.
El único control eficaz es el autocontrol al empuñar el mando a distancia: nosotros - las mayorías-hacemos más daño a la tele que ella a nosotros. Es nuestra naturaleza.
9-II-09, Víctor-M. Amela, lavanguardia