Acaba de publicarse en la revista Telos, Cuadernos de Comunicación e Innovación un interesante trabajo de María Pilar Cousido González sobre "La transparencia en el sector audiovisual español". En la primera parte lleva a cabo una aproximación teórica a ese fenómeno, desde el punto de vista conceptual y regulatorio, y en la segunda, ofrece los resultados de la encuesta efectuada a los agentes del sector y detalla el análisis de sus respectivas páginas web. De donde concluye que la transparencia es manifiestamente mejorable.
Nuestra autora menciona entre los factores de transparencia el uso y la explotación de la información en soporte electrónico; la motivación de todas las decisiones; el reconocimiento y la garantía del derecho de acceso a la información; la existencia de registros públicos en los que pudiera localizarse, en distintos soportes, la información que se precisa, y la objetividad en la resolución de los contratos públicos. En cuanto a los factores de opacidad se encuentran la complejidad (manejada como un instrumento que oculta la realidad de las actuaciones), la falta de control de los procedimientos y la fragmentación del poder ejecutivo (al alejar del control político a los órganos actuantes).
Para Cousido, la defensa de la legitimidad de las exigencias de información sobre los gestores privados habría de fundarse en la protección del inversor. Pero además cabe señalar que esos gestores privados lo son como meros concesionarios de un servicio público, que es como se definen los mencionados canales. Otra cuestión sorprendente es que para la legislación española el acceso a los documentos sea una carga que merma la eficacia y el funcionamiento del servicio público.
Las últimas pruebas de opacidad han sido aportadas en la presentación de los resultados de la Corporación de RTVE correspondientes al ejercicio 2008, con un déficit de 71,8 millones de euros muy por encima del tope de los 50, máximo permitido en la ley por representar el 10% de la aportación del Estado para la prestación del servicio público fijada en 500 millones de euros. Un exceso cargado de consecuencias legales que pasó sin comentario alguno. Atentos.
31-III-09, Miguel Ángel Aguilar, lavanguardia