Hay tantas formas de ver la realidad, que ni la intervención de una caja de ahorros se puede juzgar de forma imparcial. Quien crea a Solbes puede estar tranquilo porque se trató de "un hecho aislado". Quien confíe en Zapatero puede pensar algo parecido: si hay nuevas intervenciones, serán puntuales y limitadas. En cambio, los seguidores del discurso de Montoro y otros dirigentes del PP encontrarán razones para estar inquietos: en cualquier entidad de España puede ocurrir lo mismo que en Caja Castilla La Mancha. ¿Quién tiene más razón? Sólo el tiempo lo dirá. Según el gobernador del Banco de España, todo depende del tiempo que dure la crisis.
Lo que no aguanta mucho más es el mangoneo político. Entiéndase por mangoneo la primera acepción del diccionario: "acción de dominar o manejar a alguien o algo". Los partidos están empezando a considerar las cajas como algo propio. Ese increíble sentido de propiedad se ha visto en el último debate entre Zapatero y Rajoy: uno reprochaba al PP los manejos que se trae en Caja Madrid, y el otro reprochaba al PSOE el estado de la entidad manchega. Se echan en cara estas cosas, como si estuvieran discutiendo sus respectivas posiciones sobre el aborto o la corrupción; como si esas entidades tuvieran una dirección ideológica.
Y lo malo es que la tienen. En la mayoría de las autonomías, las cajas de ahorros son una vulgar prolongación del poder político, con todos sus vaivenes. Por citar sólo tres ejemplos que han sido noticia: en la de Madrid se produce el agravante, casi la caricatura, de verla convertida en escenario de combate de dos banderías del mismo partido. En Andalucía se piensa en la fusión de las existentes para agrandar el poder del señor Chaves, su gobierno y su vocación de eternidad. En el País Vasco, el intento de fusión es una vía para fortalecer el nacionalismo, que necesita una banca propia en sus avances hacia la soberanía. Y en otras muchas, los cargos de responsabilidad son ocupados por cesantes de la política o acreditados militantes a quienes se agradecen servicios y lealtades.
Todo esto, con los debidos respetos, es una forma de corrupción. No delictiva, por supuesto; pero se está corrompiendo la esencia, el funcionamiento y los fines de unas entidades con casi dos siglos de servicios al país. En la medida en que se ocupan las cajas con criterios y personas de partido, se puede encaminarlas a actuaciones poco profesionales, a aventuras poco viables como el aeropuerto de Ciudad Real, o sabe Dios qué objetivos ideológicos. Y encima, lo que advierte Fernández Ordóñez: las disputas políticas nos pueden costar dinero. Creo que ha llegado el momento de plantear el papel de los partidos en la sociedad civil. Están penetrando en demasiadas cosas, desde la información hasta la justicia, pasando por asociaciones cívicas. Y una cosa es la representación (insustituible), otra la influencia, y otra la invasión.
2.IV-09, Fernando Ónega, lavanguardia