Una tradición de responsabilidad cívica hace que los conductores británicos sean más sensatos que los españoles.
La seguridad en las carreteras también es objeto de polémica en el Reino Unido, pero el debate no se centra en la cantidad de alcohol permitido a los conductores, sino en el límite de velocidad y las cámaras ocultas que imponen multas a diestro y siniestro.
El Reino Unido tiene el límite más alto de alcoholemia de la Unión Europea (80 miligramos); no se puede parar a nadie salvo que haya cometido una infracción y, aún así, el porcentaje de muertes y accidentes es uno de los más bajos de toda Europa (seis por cada 100.000 habitantes). La explicación radica en el civismo, la buena conducción y una cultura de responsabilidad individual en vez de Estado policial.
Con la excepción del ‘hooligan’ ocasional, el británico es por lo general un conductor prudente que no necesita tener miedo a un control de alcoholemia en la rotonda de la esquina para beber con moderación si sale a cenar, o no beber en absoluto. En los cuartos de baño de los pubs de todo el país se anuncia una compañía que envía un chófer con smoking y pajarita para que lleve a casa al interesado en su propio vehículo, con un coste equivalente al de un taxi. Una versión más barata consiste en un individuo que se presenta en un ‘scooter’ plegable, lo dobla, lo mete en el maletero del coche y conduce hasta el destino.
La conducción temeraria y los adelantamientos salvajes tan habituales en las carreteras del sur de Europa no se ven en la Gran Bretaña. La gente, que considera hacer cola una muestra de civismo, soporta con paciencia a los conductores más lentos y se puede pasar en caravana el tiempo que haga falta.
El foco de la polémica son las cámaras ocultas que registran electrónicamente el número de la matrícula de los coches que exceden el límite de velocidad, y que han proliferado como hongos en los últimos años hasta alcanzar la cifra de 4.500 (con otras 500 ya encargadas). Ser fotografiado implica una multa automática de 60 libras (unos 90 euros) y la pérdida de tres puntos en el carnet de conducir (si se alcanzan los nueve puntos hay que acudir a un cursillo de rehabilitación). Las cámaras, operadas en muchos casos por compañías privadas o semiprivadas, generan tanta hostilidad que con frecuencia son objeto de sabotaje. En las últimas semanas varias de ellas han sido destruidas con bombas de fabricación casera en la carretera A-37, en el condado de Somerset. La queja de los conductores, refrendada por el Real Automóvil Club, es que en la mayoría de casos no contribuyen a la seguridad y la prevención de accidentes, sino que se trata de un impuesto indirecto para hinchar las arcas del Tesoro público.
El Gobierno laborista, ante la creciente movilización popular contra las cámaras alentada por la prensa, ha prometido ‘reconsiderar’ la manera en que son utilizadas y que el castigo sea proporcional a la falta. Sesenta libras y tres puntos del carnet puede ser una multa razonable para un exceso notable de velocidad delante de un colegio, pero exagerado por pasar diez kilómetros del límite autorizado en una autopista.
Los conservadores proponen elevar el límite de velocidad de 70 a 80 millas (unos 120 kilómetros) en las autopistas y en cambio reducirlo a 30 kilómetros por hora en las zonas residenciales y allí donde haya colegios, hospitales y residencias de ancianos (estiman que ello reduciría el número de accidentes en un 40 por ciento). La teoría cada vez más dominante es que el papel de las cámaras ha de ser la prevención y no el castigo, y que han de instalarse donde existe un mayor peligro de accidentes y pueden contribuir a una conducción más prudente.
En Gran Bretaña, con su tradición de libertades civiles, no es necesario llevar encima el carnet de conducir. El conductor, si es parado por la policía tras cometer una infracción, tan sólo tiene obligación de presentarse dentro de un plazo en la comisaría más cercana a su casa.
27-II-04, R. Ramos, lavanguardia