...la forma como se ha negociado el sistema de financiación está muy alejada de un federalismo asumido y maduro, incluso de cualquier cosa coherente. El reparto del dinero en el marco de un Estado es fundamental. Ha de ser transparente, comprensible y comprendido por los ciudadanos, a los que se tiene que rendir cuentas directas de su gestión. Y de eso estamos muy lejos.
Los catalanes llevan un año sumergidos en conceptos como cesta de impuestos, nivelación, balanzas fiscales, fondos de nombres rimbombantes creados para compensar a unas autonomías respecto a otras, y demás jerga ligada al inacabable debate de la financiación. Una maraña que impide juzgar no sólo si cada comunidad recibe los recursos que precisa, sino, sobre todo, de qué impuestos proceden y a qué los destina.
Quizá en el caso de los ayuntamientos el ciudadano tiene una percepción algo más clara del destino de las tasas e impuestos que abona porque suelen ir ligados a un servicio. Durante estos años de democracia, los ayuntamientos - excesivos en número si nos atenemos a un criterio de eficacia-han cometido estropicios monumentales y notables aciertos. Pero en los últimos años han sido los grandes olvidados de la política. Inmersos en el encaje del puzle autonómico y distraídos con sus cuitas partidistas, ningún dirigente político ha desviado la mirada hacia esa pieza fundamental del engranaje que son los municipios.
Así que los ayuntamientos han ido haciendo y deshaciendo. Algunos con una voracidad urbanística desaforada. Y esa voluminosa entrada de ingresos ha favorecido el despilfarro en muchos casos, cuando no la corrupción. Ahora, la mayoría es víctima del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Casi la mitad de las inversiones municipales se ha costeado con operaciones urbanísticas. Los ayuntamientos han afrontado gastos sociales que no les correspondían sin subir los impuestos al mismo ritmo. No por altruismo, sino porque desatender ciertas reclamaciones podría desembocar en un malestar social nada propicio a los intereses de los alcaldes. Según estudios realizados para el Ministerio de Hacienda, los ayuntamientos españoles habrían asumido competencias que no les corresponden por valor de 10.000 millones, casi la cantidad global que ha aportado el Gobierno para resolver la financiación autonómica.
Pero este debate no contiene el morbo y la excitación del choque PP-PSOE o del enfrentamiento entre comunidades. No se levantan banderas ni puños amenazantes. Así que a nadie parece importarle demasiado.
28-VII-09, M. Dolores García, lavanguardia