Por fin se decidió Obama a activar a la ciudadanía para desatascar su plan de reforma de salud. Su discurso claro y enérgico ante el Congreso (aprobado por dos tercios de la audiencia) anunció la puesta en práctica de medidas que acaben con el escándalo de que un país como Estados Unidos gaste proporcionalmente el doble que España en salud y tenga 47 millones de personas sin seguro y otros muchos millones sometidos a restricciones y discriminaciones por parte de las aseguradoras privadas que dominan el sistema.
La calidad de la medicina estadounidense está en los más altos niveles mundiales. Pero sólo una minoría, pagando sumas astronómicas por su seguro de salud, tiene acceso al mejor cuidado sanitario. Los jubilados y los pobres reciben ayuda del Gobierno federal, aunque con limitaciones a lo que pueden gastar. Las mayores dificultades no las tienen los más pobres, sino los que, aun trabajando, no ganan bastante para pagar costosas pólizas de seguros de salud. O los que pierden el empleo. O los que tienen una enfermedad grave y pierden el seguro porque ninguna compañía los aceptará.
El plan de Obama es flexible y con múltiples medidas. Por un lado, para los que tienen seguro prohíbe a las aseguradoras privadas las discriminaciones que ahora practican para eliminar a los enfermos más costosos, así como la discriminación por sexo y edad. Además pone un límite máximo a lo que los pacientes tienen que pagar de su bolsillo y elimina las actuales elevadas tarifas para medidas preventivas. Para quienes no tienen seguro, se crea un sistema de mercado regulado por el Gobierno que permite a los ciudadanos elegir entre distintos planes y proporciona desgravación fiscal a las familias y a las empresas para subvencionar el pago del seguro de salud.
Además, para quienes no encuentren un plan privado adecuado a sus posibilidades ofrece una "opción de seguro de salud público", es decir, un plan del Gobierno federal al que pueden optar, en competencia con los seguros privados. De hecho, ese plan es un último recurso para hacer cumplir la nueva norma según la cual todas las familias deberán tener un seguro de salud. La administración calcula que no más del 5% de la población estará incluida en el plan público. Pero aun así, es esa opción de seguro público lo que ha desencadenado una feroz campaña de oposición por parte de los sectores conservadores (republicanos pero también algunos demócratas) yque parece haber calado en la población, puesto que menos de la mitad de los ciudadanos apoyaban la propuesta de Obama, en parte porque hasta ahora era bastante vaga.
La oposición de derechas es de una tal agresividad que llegó incluso hasta la solemne sesión del Congreso, en la cual un congresista, un tal Wilson de Carolina del Sur, le gritó "mentiroso" al presidente en un gesto sin precedentes y que ha generado un rabioso debate en internet. Reuniones y mítines en todo el país han amenazado a los estadounidenses con el socialismo y el control del Gobierno sobre su salud y sus vidas si pasa esta reforma. De modo que Obama se ha encontrado con el mismo obstáculo, en la sociedad misma, que frenó numerosos intentos de crear un seguro universal de salud a lo largo de la historia, el último de ellos el de Clinton, la primera gran derrota de los Clinton (la autora del proyecto era Hillary), que debilitó su voluntad reformista durante la presidencia de Bill.
En la raíz de esa extraordinaria resistencia a la reforma sanitaria muchos ven la poderosa coalición de las aseguradoras, la industria farmacéutica, el complejo hospitalario y las asociaciones médicas, en defensa de sus intereses y de su autonomía. Eso es cierto. Pero todo el poder de estos grupos no serviría de mucho si no fueran capaces de convencer a muchos ciudadanos de que es malo que el Gobierno asegure la salud. Y la paradoja es que la gente se opone a algo tan necesario como que el Estado les garantice a todos el derecho a la salud. En parte por falta de solidaridad. Como la mayoría tienen seguro, que se fastidien los demás. Y les han convencido de que tendrán que pagar mucho más para seguir con su seguro, lo cual no es cierto en un sistema regulado donde el Gobierno limitará los precios abusivos, además de racionalizar y abaratar los costos. De ahí que el verdadero problema es la fuerza de la ideas que satanizan cualquier programa del Gobierno, que los conservadores han conseguido asimilar en la mente pública a burocracia autoritaria, cara e ineficiente que interfiere en la vida privada. En términos objetivos esta es una sangrante paradoja en el momento en que las locuras financieras resultantes de la desregulación han sumido al mundo en la crisis y han dejado sin casa a millones. Pero como se trata de ideas enraizadas en el descrédito de los políticos y propagadas en las chácharas de muchos médicos en el secreto de sus consultorios, cualquier intento de reforma tiene que luchar contra corriente.
Suerte tiene Europa de que los sistemas de cobertura universal se crearon en momentos históricos en que la intervención de los gobiernos era la única salida a los problemas sociales y económicos con los que nos enfrentábamos. Pero también en nuestro contexto hay ideas enraizadas que deslegitiman políticas. Por ejemplo, subir impuestos se ha convertido en anatema sin entrar en cuándo y por qué. Aquí y ahora yo concuerdo en esto con mi tocayo Antoni Castells, pero por razones técnicas de política económica, no por principio como repite el disco rayado conservador. La política se gana en las mentes de las personas.
Por eso Obama ha tenido que dejar de lado las maniobras en el Congreso, definir su plan, movilizar a quienes lo apoyaron y entrar al quite de mentiras e insultos con la verdad por delante, confiando en la gente. Sólo así podrá Obama proseguir esta y otras reformas, abriendo camino en un mundo incierto que lo observa con preocupación.
12-IX-09, Manuel Castells, lavanguardia