la diócesis católica de Delaware, en quiebra por juicio por pederastia

La diócesis de Willmington (Delaware) tenía ayer una cita con la justicia por supuestos abusos sexuales a 88 niños. Sin embargo, el domingo a última hora el obispo Francis Malooly declaró a la diócesis en quiebra. "No tenía elección", afirmó. De esta forma logró detener un proceso que no podrá reanudarse hasta que la justicia determine sobre la bancarrota. Sin saber cuánto dinero tiene la diócesis es imposible determinar las indemnizaciones que podrían cobrar las víctimas.

El obispo Malooly manifestó, mediante un comunicado en la web de la diócesis, que "esta es una decisión dolorosa, una que había esperado y rezado para no tomar". El abogado defensor de las supuestas 88 víctimas, Thomas Neuberger, denunció lo que, a su juicio, ha sido "un esfuerzo desesperado (de la diócesis) para ocultar la verdad y esconder miles de páginas de documentos escandalosos". Afirma que la bancarrota es "el último capítulo" del encubrimiento del abuso a cientos de niños llevado a cabo durante décadas. Neuberger considera, asimismo, que la Iglesia es responsable y cómplice de los delitos cometidos por el clero.



El de ayer era el primero de ocho procesos previstos en Delaware contra la Iglesia católica por abusos sexuales.

Declararse en bancarrota es una práctica a la que han recurrido otras diócesis para ralentizar juicios por abusos sexuales. Al menos, siete lo han hecho desde que, hace siete años, la archidiócesis de Boston fue la primera en afrontar el abuso sexual de los niños a su cargo.

Los haberes de la diócesis de Delaware están valorados entre 50 y 100 millones de dólares, mientras que las deudas se mueven en una horquilla que va de los 100 a los 500 millones. La bancarrota facilita concentrar todas las demandas en un solo caso. De ahí que Malooly asegure que ofrece una mejor oportunidad para "compensar a todas las víctimas".

La diócesis de Davenport (Iowa) pagó el año pasado 37 millones de dólares a 150 víctimas. La de Portland (Oregón) pagó 50 a 157 personas en el 2007 y apartó 20 millones más para afrontar futuras demandas.

20-X-09, ap, lavanguardia