El tema de las escuchas telefónicas está suscitando una importante polémica. Sin entrar en el impacto que esta actuación pueda tener en alguno de los procesos judiciales más conocidos del momento, es evidente que no es una cuestión menor. La intromisión en la esfera privada de los particulares supone una grave infracción de nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, hasta el punto de que sólo excepcionalmente y siempre con autorización y bajo control judicial pueden llevarse a la práctica estas escuchas policiales.
Hasta aquí la teoría es correcta. No obstante, la práctica de estas medidas plantea muchos problemas que no siempre se están resolviendo de acuerdo con lo que debería ser en un Estado de derecho. Por cuanto la experiencia está poniendo de manifiesto que el contenido de las escuchas telefónicas se transmite a los medios de comunicación aun antes de que los interesados puedan conocerlo. Y es más, en algunos casos este contenido lo que revela son estilos, vocabularios y cuestiones que causan un cierto escándalo social, pero sin que guarden relación con la prueba de una actividad delictiva.
Resulta difícil entender en qué tiempo habrán podido los jueces atender a conversaciones que suponen, en su conjunto, horas y horas y horas de grabación. Seguramente, en estos supuestos, serán los informes policiales los que habrán seleccionado lo más interesante de las escuchas, dejando por escrito conversaciones a las que sólo la autorización judicial puede "dar vida". La privacidad y la libertad individual pueden verse seriamente dañadas por una práctica de esta naturaleza.
Al margen, pues, de la discusión interesada sobre "determinadas escuchas", lo que está en juego es cómo hacer de estas un remedio excepcional, limitado a las estrictas finalidades que la ley permite, y haciendo de su control un ejercicio de responsabilidad con todas sus consecuencias. No sé si esto interesa a unos o a otros; interesa y mucho a la sociedad y a nuestro Estado de derecho. Convertir en habitual lo excepcional es una forma tradicional de erosionar la libertad en un Estado democrático. Una sola escucha ilegal, en su origen o en su desarrollo, vulnera y degrada el valor de la justicia.
10-XI-09, Miquel Roca Junyent, lavanguardia