"Se aprovechan de la pasividad del Estado y abusan de las chicas de clases desfavorecidas", dice Emilio Ginés. Se refiere a los criminales de Ciudad Juárez, ciudad sin ley. Situada en el norte de México, junto al río Bravo, en la frontera con Estados Unidos, por este municipio de 1,3 millones de habitantes circulan la droga y el tráfico de seres humanos: son dos factores explosivos, los detonantes de la espiral de violencia que envuelve la ciudad desde principios de los noventa. Este es el escenario de las mafias que corrompen a policías y jueces y se cobran las vidas de cientos de mujeres, cerca de 500 desde 1993. Entre esas víctimas están las maquiladoras, empleadas en las decenas de fábricas textiles de la ciudad.
Hasta ayer, no se había reconocido ni uno solo de los asesinatos de mujeres que se han registrado en Ciudad Juárez durante los últimos 17 años: desde 1993, cerca de 500 cuerpos torturados, violados, acribillados y abandonados han ido apareciendo en cualquier cuneta de la carretera. En cualquier solar. En cualquier esquina. ¿Y los criminales? No existían: andaban refugiándose en la desidia y el soborno. De modo que la leyenda de la ciudad se iba retroalimentando. Ciudad Juárez, ciudad sin ley. Así, hasta ayer. Una sentencia del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos ha restaurado un pedacito de la memoria: su decisión atribuye al gobierno mexicano la responsabilidad en ocho crímenes. Los familiares de ocho mujeres recibirán un consuelo: contemplarán cómo se dignifica la historia de sus víctimas asesinadas.
Lupita, Claudia, Brenda, Esmeralda... Los nombres presiden las ocho cruces rosa que hoy aún sorprenden al transeúnte en el Campo Algodonero, una encrucijada de carreteras en la periferia de Ciudad Juárez. Los familiares de las mujeres clavaron aquellas ocho cruces de madera en noviembre del 2001. Las pusieron junto a una gasolinera y frente al sindicato de mujeres maquiladoras. "Abandonando allí los cuerpos de las ocho muchachas, los asesinos pretendían enviar un mensaje de provocación, escarnio y amenazas a las maquiladoras", cuentan a La Vanguardia desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), órgano que agrupa a todos los colegios de abogados españoles y que ha reimpulsado el juicio, abierto el 27 de abril ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos - una suerte de tribunal penal internacional dependiente de la Organización de Estados Americanos, creado en 1978-.
Hasta ayer, como en una burla, los autores de los crímenes han permanecido impunes. Durante años, los crímenes se han investigado de forma tibia. Sin culpables, no hay reconocimiento. Las cruces son un guiño a la memoria: ante la desidia del Gobierno mexicano, la Secretaría General de la Organización Mundial contra la Tortura (una coalición internacional de ONG contra la tortura) salió en busca de expertos internacionales en derechos humanos. El CGAE recogería el guante en septiembre del 2008.
Emilio Ginés, abogado del CGAE, decidió abordar el caso. "Al conversar con los familiares de las víctimas, me sentí sobrecogido - dijo a este diario-.Las víctimas eran jóvenes desvalidas cuyas familias no podían responder porque carecían de medios... Por ese mismo motivo, se habla de feminicidio: se atacaba a mujeres de un perfil social determinado".
El caso Campo Algodonero se abrió el 27 de abril, en Santiago de Chile. Se llevaba el caso a esta capital del Cono Sur por motivos de seguridad: no hay un escenario latinoamericano más alejado de México. Familiares de las víctimas declararon durante tres días. Emilio Ginés, que estaba en Bruselas, recogió ayer la sentencia.
Por encima de todo, el valor del juicio era simbólico. A través de las ocho víctimas, se procesaba a un Estado. Por eso mismo, también son simbólicas las consecuencias condenatorias (y contra ellas, no cabe recurso). Ni habrá detenidos, ni presos. De hecho, los culpables permanecerán impunes. El peso va a recaer sobre el Estado mexicano: se le va a exigir que investigue a fondo los asesinatos, que destituya a los funcionarios que eludieron ese deber en el 2001, que se revisen las denuncias que presentan las familias de las víctimas yque se dignifique su memoria.
Así, tal vez alguna de ellas pueda descansar en paz.
20-XI-09, S. Heredia, lavanguardia
