Todos hablan de lealtad constitucional, pero pocos la practican. Una de las más elementales obligaciones de las instituciones es la de asumir la responsabilidad que la propia Constitución les otorga. Si el Congreso de los Diputados o el Senado tienen atribuida la función de proponer al Rey la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, deben hacerlo. No pueden excusarse en las dificultades que tienen los partidos mayoritarios para ponerse de acuerdo en las personas idóneas para ocupar aquellos cargos. Esta excusa, pura y simplemente, no vale.
Si el PSOE y el PP tienen que ponerse de acuerdo, que lo hagan. En caso contrario, que no apelen por nunca jamás a la lealtad constitucional que ellos no respetan. La exigencia de una mayoría cualificada para designar a los candidatos responde a la voluntad de los constituyentes de que las fuerzas parlamentarias tuvieran que alcanzar un acuerdo por consenso. Yno lo han hecho; en este caso, el consenso es, precisamente, la excusa de su incumplimiento constitucional. Si lo hicieran siempre así, en todas las obligaciones que la Constitución les atribuye, estaríamos en precario: sin gobierno y sin leyes.
Cuatro magistrados del TC hace dos años que deben ser renovados. Incluso un magistrado ha fallecido y hoy el tribunal no está compuesto por los doce vocales que marca la Constitución, sino por once. Al no cumplir con su obligación constitucional, PP y PSOE imponen un funcionamiento anómalo de una institución tan relevante como el Tribunal Constitucional. Si los constituyentes dijeron doce, era por algo; ahora, por voluntad de PP y PSOE, sólo son once, rompiendo el equilibrio institucional que se quería establecer.
Hay quien incumple programas electorales. Pero la Constitución es mucho más; es el contrato que obliga a todos los responsables políticos a su estricto cumplimiento. Y quien debe elegir, debe hacerlo; y quien debe proponer, debe hacerlo. Sin excusas, ni complicidades. La inhibición es una forma de deslealtad. Y así se colabora a deslegitimar instituciones que deberían funcionar e integrarse como y cuando la Constitución señala.
Si unos filtran y otros pasan, ¿dónde está la lealtad?
24-XI-09, Miquel Roca Junyent, lavanguardia